Nicholas Kaufman, hasta ahora representante legal del expresidente filipino Rodrigo Duterte, ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que le releve de su papel como defensor de cara al juicio por presuntos crímenes contra la humanidad vinculados a la denominada 'guerra contra las drogas'.
En un escrito registrado ante la CPI el pasado viernes, Kaufman explica que su contrato como letrado de Duterte expiró el 31 de marzo. Detalla además que el equipo de la defensa se reunió con el exmandatario el 7 de mayo, ocasión en la que este manifestó su “deseo de contratar a un nuevo equipo”. El nombre del nuevo representante legal no figura en el documento, ya que ha sido ocultado.
“A la luz de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con el artículo 78, apartado 1, del Reglamento de la Corte, solicito respetuosamente autorización para retirarme como abogado del Sr. Rodrigo Roa Duterte”, indica Kaufman en la carta remitida a la Sala de Primera Instancia. “La eficacia y la continuidad de la representación de Duterte están garantizadas gracias al nuevo abogado, que cuenta con una amplia experiencia en la CPI”, añade el letrado en el mismo texto.
Duterte, de 81 años, permanece recluido desde marzo del año pasado en un centro de detención de la CPI en La Haya, acusado de crímenes contra la humanidad por la campaña antidroga llevada a cabo entre 2013 y 2018, primero como alcalde de Davao y posteriormente como presidente. Dicha ofensiva se saldó con la muerte de miles de supuestos traficantes y consumidores de estupefacientes.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ratificó el 23 de abril todos los cargos formulados contra Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad en el marco de la mencionada 'guerra contra las drogas' y resolvió enviarlo a juicio.
La Sala de Cuestiones Preliminares I avaló por unanimidad los tres cargos de crímenes de lesa humanidad tras las vistas previas celebradas en los últimos meses, según detalló la propia Corte en un comunicado.
Duterte está encarcelado en La Haya desde marzo de 2025, fecha en la que fue entregado al TPI por las autoridades de Filipinas, bajo el mandato de Ferdinand Marcos Jr, perteneciente a una familia que en el pasado fue aliada del exdirigente. La detención se produjo en cumplimiento de la orden de arresto emitida por el tribunal internacional.
Sin embargo, su arresto y posterior traslado siguen generando controversia en Filipinas, donde conserva un núcleo duro de seguidores. Al mismo tiempo, su hija, Sara Duterte, ha confirmado su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2028.