Ante las continuas violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua, el Gobierno de Estados Unidos evalúa la posibilidad de implementar nuevos aranceles del 100% y la suspensión de los actuales acuerdos comerciales. Este enfoque busca sancionar las prácticas que perjudican económicamente a Estados Unidos.
El informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) señala que el régimen de Daniel Ortega comete “abusos de los derechos laborales, abusos de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales” y está “desmantelando el Estado de derecho”. Estas acciones son consideradas “poco razonables” porque imponen “cargas o restricciones” al comercio estadounidense, basándose en la Sección 301 de la Ley Comercial de 1974.
Como consecuencia, la USTR propone “suspender” algunos o todos los beneficios que Nicaragua disfruta bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), además de establecer aranceles del 100% a las importaciones nicaragüenses, ya sea de inmediato o en fases.
Este endurecimiento en la política comercial podría durar “hasta doce meses” y representa un significativo incremento desde el 18% anunciado previamente por el presidente Donald Trump para Nicaragua. En 2024, Estados Unidos importó de Nicaragua bienes valorados en 4.600 millones de dólares, mientras que las exportaciones fueron de 2.700 millones, generando un déficit comercial de 1.900 millones de dólares.