La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comunicó este martes que ha impuesto supuestas penas de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia, que permanecen secuestrados desde mayo de 2025.
Integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN hicieron público este fallo tras un procedimiento que el propio grupo armado denomina “Juicio Revolucionario” contra Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada. Aunque han aclarado que no se les aplicará la pena de muerte, sí han anunciado “condenas” de 60 y 55 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente.
Según el comunicado, el grupo insurgente considera a ambos funcionarios “autores materiales” de “delitos de pertenencia a un organismo del Estado dedicado a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad” por “desarrollar acciones de espionaje contra el ELN, vinculando a la población civil y menores de edad” y por la “ejecución de montajes o falsos positivos judiciales contra la población civil”.
Uno de los guerrilleros explicó durante la lectura del texto que los dos “procesados” podrían acceder a una reducción de la pena “por comportamiento durante el juicio, la ejecución de la pena, así como por la contribución al esclarecimiento de los hechos y conductas investigadas”. El propio ELN precisa que ese descuento podría alcanzar “hasta el 60% de la condena”.
En el mismo mensaje, la organización armada menciona la opción de “descontar el tiempo que los condenados han permanecido privados de la libertad desde el momento de su captura a la fecha como ejecución de la pena”, además de la posibilidad de “conceder” que la sanción se dé por cumplida mediante “terminar el mecanismo de canje humanitario de prisioneros de guerra con el Gobierno nacional, de conformidad con los postulados políticos y humanitarios” del ELN.
Las penas impuestas a Pacheco y López, raptados en el departamento de Arauca, en el este de Colombia, se suman a las dictadas contra dos miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), secuestrados también en Arauca en julio de 2025. Se trata de Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, declarados “culpables” de “espionaje y perfidia contra el pueblo y el ELN”, por lo que deberán permanecer en “prisión revolucionaria” durante 36 y 32 meses, es decir, hasta casi tres años.
Reacciones del Gobierno y organismos de control
El anuncio ha provocado una fuerte oleada de críticas desde el Ejecutivo del presidente colombiano, Gustavo Petro. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, subrayó que el ELN “no es ninguna autoridad judicial”, sino “un cartel del narcotráfico” y “una amenaza contra el pueblo colombiano”.
“Las familias de nuestros secuestrados no están solas. Todo el Estado colombiano, incluso la comunidad internacional está con ustedes para traer sanos y a salvo a sus familiares”, aseguró el titular de Defensa en declaraciones difundidas por Caracol Radio.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó estos hechos de “inadmisible” y exigió al grupo armado ilegal la “libertad inmediata” de los retenidos. También instó al Gobierno nacional a intensificar las gestiones para lograr su liberación, recordando que las familias han denunciado que “no ha habido suficiente acompañamiento” por parte del Ejecutivo central.
Ortiz señaló que “desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, ellos están tratando de mostrar una cierta legalidad en la privación de la libertad dentro de su propio ordenamiento”, pero insistió en que “el secuestro, la privación arbitraria de la libertad y la toma de rehenes” constituyen un “delito” tanto para la legislación colombiana como para el derecho internacional.