El primer ministro de Corea del Sur, Kim Min Seok, ha instado a Samsung y al sindicato de la multinacional tecnológica a cerrar cuanto antes un acuerdo en la mesa de negociación para evitar la convocatoria de una huelga el próximo día 21, una protesta que podría acarrear un impacto económico muy serio para el país y que llevaría al Ejecutivo a valorar el inicio de un “arbitraje de emergencia para proteger la economía”.
Kim ha subrayado que la reunión prevista para el lunes será determinante, al considerar que de su resultado dependerá el desarrollo de los acontecimientos en los días posteriores. “Las negociaciones del lunes representan, en la práctica, la última oportunidad para evitar una huelga. Tanto los trabajadores como la dirección deben tomarse muy en serio la importancia de esta reunión”, ha avisado el primer ministro.
Según recoge la agencia oficial surcoreana Yonhap, las posiciones de la dirección y del sindicato continúan muy alejadas en torno al modelo de bonificaciones por rendimiento ligado a los beneficios de la compañía en el negocio de semiconductores asociados a la inteligencia artificial (IA).
El sindicato reclama que las primas por rendimiento sean fijas y equivalgan al 15 por ciento del beneficio operativo generado por la división de semiconductores. Por su parte, Samsung propone introducir cierta flexibilidad en el esquema actual de bonificaciones, complementado con un sistema de compensaciones adicionales.
En caso de que finalmente se materialice la huelga, el paro se prolongaría al menos durante 18 días y, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades surcoreanas, supondría un coste aproximado de 60.000 millones de euros.
Si el Ejecutivo opta por activar el arbitraje de emergencia, sería la primera vez que recurre a este mecanismo en 21 años. Paralelamente, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de aplicar una medida de ajuste de emergencia que permitiría suspender la huelga hasta un máximo de 30 días cuando se considere que la protesta puede dañar gravemente la economía nacional o alterar de forma significativa la vida diaria de la ciudadanía.