QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Gina Romero, relatora especial de la ONU en materia de derechos de libertad de reunión y de asociación, ha hecho un llamamiento este sábado al Gobierno de Ecuador para que garantice el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente. Además, ha expresado su preocupación por la ‘persecución contra la sociedad civil’ orquestada por la administración de Daniel Noboa, a quien ha urgido a moderar el uso de la fuerza durante el paro que se ha desarrollado en el país desde hace casi una semana.
‘Hago un llamado a que para las movilizaciones del día de mañana sábado 28 se respeten los estándares internacionales de protección a las asambleas y reuniones pacíficas’, indicó Romero en un comunicado difundido a través de su cuenta en la red social X, donde también denunció que ‘no se pueden repetir los hechos de estas semanas de uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales’.
Posteriormente, Romero criticó la postura del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, frente a las protestas recientes y censuró el uso de ‘disposiciones legales no alineadas con los estándares internacionales’ en contra de los movimientos sociales y de protesta en el país. ‘La sociedad civil está siendo perseguida’, enfatizó.
La relatora lamentó la continua ‘estigmatización’ de estos grupos, que incluye el congelamiento de cuentas y la formulación de ‘cargos fabricados’, y reiteró que el Gobierno ecuatoriano ‘debe proteger los derechos de asamblea y asociación, y garantizar un ambiente seguro para el activismo’.
Este pronunciamiento se produce tras las declaraciones de Noboa el pasado miércoles, donde calificó los hechos ocurridos en el marco del paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), como ‘actos de terrorismo disfrazados de protesta’. Durante las dos primeras jornadas del paro, aproximadamente 60 personas fueron arrestadas, principalmente en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi.
De estos detenidos, trece fueron formalmente acusados de terrorismo y, con la excepción de uno, todos fueron puestos en prisión preventiva durante el estado de emergencia que Noboa decretó la semana pasada y que durará 60 días. A pesar de esto, el Gobierno ha descartado que las movilizaciones desemboquen en ‘ningún tipo de explosión social’, algo que ya sucedió en el pasado, como en 2022, cuando las protestas por el aumento del precio del combustible se extendieron durante 18 días antes de llegar a un acuerdo.
