La autoridad judicial de Colombia ha iniciado investigaciones contra 44 funcionarios de las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro, incluyendo a varios ministros y exministros, acusados de no cumplir con las directrices del Tribunal Constitucional destinadas a proteger los derechos de la comunidad indígena wayúu, la más numerosa del país.
“Se advierte el presunto incumplimiento por parte de los funcionarios de las entidades mencionadas a cargo de la orden (…) de 2017 que dispuso tomar las medidas adecuadas y necesarias para constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional declarada en la sentencia”, declaró la Fiscalía, según un reporte de W Radio. Esta situación ha llevado a plantear una investigación de índole “disciplinario”.
La decisión de la Fiscalía surge tras constatar que, a siete años de la orden del Tribunal Constitucional, no se han ejecutado acciones efectivas para garantizar derechos fundamentales como el acceso al agua, la alimentación y la salud en la comunidad wayúu, ubicada principalmente en la península de La Guajira, fronteriza con Venezuela. Esto podría resultar en la imposición de sanciones.
Entre los investigados se encuentran figuras actuales y pasadas del gobierno como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la exministra de Exteriores Laura Sarabia, el exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez, los tres últimos gobernadores de La Guajira, varios exalcaldes y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), implicado en un escándalo de corrupción relacionado con la compra de camiones cisterna para distribuir agua en La Guajira.