HRW acusa a EE.UU. de realizar ejecuciones extrajudiciales mediante bombardeos a narcotraficantes

Human Rights Watch (HRW) ha criticado fuertemente las acciones de Estados Unidos tras bombardear dos barcos en aguas venezolanas, que presuntamente eran utilizados por narcotraficantes, catalogándolas de ejecuciones extrajudiciales. Además, ha manifestado preocupación por los intentos de la Casa Blanca de ampliar su autoridad en estas operaciones, lo que podría resultar en más infracciones de los Derechos Humanos.

“Los funcionarios estadounidenses no pueden ejecutar de forma sumaria a personas a las que acusan de tráfico de drogas”, declaró Sarah Yager, directora de HRW en Washington. “El problema de los narcóticos que entran en Estados Unidos no es un conflicto armado y los funcionarios estadounidenses no pueden saltarse sus obligaciones en materia de Derechos Humanos pretendiendo lo contrario”, añadió.

El presidente Donald Trump informó el 2 de septiembre sobre un ataque en aguas internacionales que resultó en la muerte de once personas, acusadas de pertenecer al Tren de Aragua, grupo considerado por Washington como organización terrorista extranjera. Un segundo ataque fue anunciado por Trump el 15 de septiembre, también fuera de las aguas territoriales de Venezuela, donde afirmó que tres personas murieron. HRW ha señalado que las imágenes antes de los ataques muestran a menos personas de las reportadas por Trump y que los detalles del ataque no han sido verificados.

Trump ha amenazado en la red social Truth Social con más ataques, advirtiendo: “Estén advertidos. Si transportan drogas que pueden matar a estadounidenses, les cazaremos”.

HRW ha recordado que el uso de fuerza letal en estos casos contraviene el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ha subrayado que cualquier uso de fuerza letal debe ser el último recurso para enfrentar una amenaza inminente de muerte o heridas graves. La organización también ha criticado que estos ataques se produjeron mientras la Administración Trump intentaba reducir los mecanismos de supervisión internos en el Ejército, y ha pedido al Congreso que investigue estos hechos de manera rápida y transparente.