Human Rights Watch (HRW) ha emitido críticas severas contra el Gobierno indio este jueves, acusándolo de intentar “silenciar y criminalizar la disidencia” tras los incidentes donde al menos cuatro personas perdieron la vida y aproximadamente 80 resultaron heridas por disparos de la Policía en las recientes protestas en Ladaj, una región montañosa del norte de Cachemira, disputada también con China y que clama por autonomía.
“El Gobierno indio ha intentado repetidamente silenciar la disidencia encarcelando a activistas y manifestantes pacíficos, culpándolos de la violencia que a menudo responde a sus tácticas represivas”, declaró Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de HRW, añadiendo que las muertes ocurrieron el pasado 24 de septiembre en Leh, la capital del territorio.
Desde HRW se ha denunciado que el liderazgo de Narendra Modi ha incrementado los ataques contra organizaciones civiles a través de regulaciones sobre fondos extranjeros y “investigaciones financieras amañadas e incluso legislación antiterrorista”. Además, se ha reprochado al Gobierno la implementación de “leyes draconianas” que buscan detener y encarcelar a periodistas, activistas y académicos críticos, “incluso acusándolos de sedición”.
La organización ha sugerido que las autoridades deberían “actuar con moderación e investigar y castigar imparcialmente a los responsables de la violencia”. El Gobierno, por su parte, ha culpado a Sonam Wangchuk, educador y activista climático, de incitar a un “levantamiento” tras iniciar una huelga de hambre el 10 de septiembre. Wangchuk ha rechazado estas acusaciones y ha criticado la gestión gubernamental, que considera una “receta para el malestar social”.
HRW ha concluido que, en lugar de reprimir, el Gobierno debería colaborar con los activistas y las comunidades para resolver sus inquietudes, recordando que las recientes protestas en Asia reflejan la frustración de la población, especialmente los jóvenes, ante el mal gobierno y la falta de oportunidades.
Este jueves, tras extender el toque de queda en Ladaj, donde se han registrado cuatro muertes y 80 heridos, las autoridades han aumentado las patrullas de seguridad y efectuado detenciones, mientras que los manifestantes han continuado exigiendo justicia y transparencia en las investigaciones de los fallecimientos.