QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles a Mauritania por cometer severas infracciones de los Derechos Humanos desde 2020 hasta 2025 hacia migrantes y solicitantes de asilo, según un informe que también critica el apoyo de la Unión Europea (UE) y España a las autoridades de control migratorio y fronterizo del país, describiéndolo como una externalización del control migratorio.
El documento de 142 páginas, titulado ‘Me acusaron de intentar ir a Europa’: abusos en el control migratorio y la externalización de la UE en Mauritania’, registra maltratos por parte de la Policía, la Guardia Costera, la Armada, la Gendarmería y el Ejército mauritanos en operativos de control de fronteras y migratorio, principalmente contra individuos de África occidental y central que buscaban salir o transitar por el país para alcanzar Europa.
HRW ha resaltado que entre los abusos constan torturas, violaciones y otras formas de violencia, acoso sexual, detenciones y arrestos arbitrarios, condiciones inhumanas de detención, tratos racistas, extorsión y robos, y expulsiones sumarias y colectivas, hechos ‘agravados por el respaldo continuo’ de la UE y España –a nivel bilateral– a Nuakchot.
‘Durante años, las autoridades mauritanas aplicaron un modelo represivo de control migratorio, lamentablemente común en el norte de África, violando los derechos de personas migrantes africanas de otras regiones’, señaló Lauren Seibert, investigadora de la organización no gubernamental sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Seibert también mencionó que ‘las recientes reformas en Mauritania muestran que es posible adoptar un enfoque diferente’ y añadió que el Gobierno mauritano ‘debería profundizar en estos esfuerzos, fortalecer la supervisión de las fuerzas de seguridad y poner fin a las expulsiones colectivas’.
Para la elaboración del informe, la ONG entrevistó a más de 220 personas entre 2020 y mediados de 2025, realizando visitas a Mauritania, Malí y Senegal, así como a instituciones europeas en Bruselas, mientras examinaba lesiones de supuestos abusos y recopilaba documentación para corroborar los testimonios.
La organización también recordó que la ruta Atlántica, que une el noroeste de África con las Islas Canarias, vio un incremento en los intentos de migrantes y solicitantes de asilo de llegar a las costas españolas entre 2020 y 2024, empezando su viaje muchas veces desde Mauritania, un país que ha sido tradicionalmente un destino para personas de África occidental y central en busca de empleo.
ACUERDO CON LA UE Y APOYO DE ESPAÑA
En 2024, el Gobierno mauritano firmó un nuevo acuerdo de cooperación migratoria con la UE por un valor de 210 millones de euros para disminuir la migración irregular, un pacto que HRW compara con otros acuerdos del bloque con naciones como Túnez y Egipto, mientras que España intensificó su respaldo bilateral con este mismo fin, manteniendo el despliegue de agentes de la Policía y la Guardia Civil en el país africano.
Así, la ONG destacó que la Policía mauritana expulsó del país a miles de africanos entre 2020 y mediados de 2025 ‘en general, sin procedimiento legal ni oportunidad de impugnar la expulsión’, hacia ‘zonas remotas’ en las fronteras con Malí y Senegal, exponiendo a estas personas a ‘graves riesgos’.
‘El Ejército mauritano (…) nos golpeó con palos (y) un látigo de goma. Nunca había visto una actitud tan brutal’, relató un ciudadano liberiano identificado como Marco Gibson.
Posteriormente, fue expulsado por la Policía mauritana junto a más de 20 personas, incluidos menores, hacia la localidad fronteriza de Gogui, en la región de Nioro de Sahel, en Kayes, que días después sufrió un ataque de uno de los grupos armados islamistas activos en Malí.
HRW también documentó el uso de sujeciones prolongadas y dolorosas, acceso restringido a alimentos y agua, y otros malos tratos durante las expulsiones, antes de destacar los efectos adversos de las intercepciones y devoluciones forzadas de embarcaciones migrantes por Mauritania, con apoyo de la UE y España.
La ONG enfatizó además que las operaciones de búsqueda y rescate en el Atlántico son insuficientes, contribuyendo a la continuación de muertes en la ruta Atlántica, al tiempo que insistió en que el rol de la UE y España hace que ‘compartan la responsabilidad por los abusos cometidos en Mauritania’.
HRW precisó que en algunos casos ‘fuerzas españolas estuvieron presentes durante detenciones y arrestos abusivos de personas migrantes por parte de las autoridades mauritanas’ y añadió que ‘la UE también financió la renovación de dos antiguos centros de detención de personas migrantes, cuya reapertura está prevista para este año con el fin de albergar a personas interceptadas o rescatadas en el mar’.
MAURITANIA y LA UE RECHAZAN LAS ACUSACIONES
La propia ONG apuntó en su comunicado que, en respuesta a sus preguntas, el Gobierno de Mauritania ha rechazado ‘las acusaciones de tortura, discriminación racial o violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes’ y ha destacado las recientes medidas aprobadas por las autoridades, incluida la prohibición de las expulsiones colectivas y la aprobación de nuevos procedimientos operativos para regular los desembarcos y la ‘gestión’ de personas migrantes.
Por su parte, la Comisión Europea comunicó a HRW que su asociación con Mauritania está ‘sólidamente anclada’ en el respeto de los derechos y ha resaltado el respaldo de la UE a los procedimientos operativos y otras iniciativas centradas en los derechos, mientras que las autoridades de España no han comentado aún sobre el informe.
Seibert reiteró que ‘las medidas del gobierno mauritano para mejorar el respeto de los derechos de las personas migrantes son muy necesarias’. ‘Si avanza con más determinación para poner fin a los abusos, Mauritania podría liderar el camino hacia una gestión migratoria respetuosa de los derechos en el norte de África’, argumentó.
Además, sostuvo que ‘la UE y España deberían garantizar que su cooperación migratoria con Mauritania dé prioridad a los derechos y a la protección de vidas humanas, en lugar de apoyar medidas de seguridad que derivan en abusos’.
