QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El informe anual presentado por António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, revela un incremento del 25% en los casos de violencia sexual en conflictos armados durante el año 2024 en comparación con el año previo. Este aumento se ha registrado principalmente en varios países africanos.
Según la ONU, tanto fuerzas estatales como grupos no estatales han empleado la violencia sexual como una estrategia de guerra, tortura, terrorismo y represión política, afectando a más de 4,600 supervivientes. ‘estas alarmantes cifras no reflejan la escala y prevalencia mundial de estos crímenes’, advierte el informe.
Este documento, que cubre 21 países con datos verificados, ‘pone de manifiesto la gravedad y la brutalidad de este flagelo’, destacando la mayoría de los casos en República Centroafricana, República Democrática del Congo (RDC), Haití, Somalia y Sudán del Sur.
Las víctimas abarcan un amplio espectro que incluye mujeres, niñas, hombres, niños, personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, minorías raciales y étnicas, y personas con discapacidad, con edades que van desde uno hasta 75 años. Sin embargo, el 92 por ciento de las víctimas son mujeres.
Además, muchos de estos ataques han sido acompañados por violencia física extrema, incluyendo ejecuciones sumarias post violación. El estigma social ha llevado a la exclusión y empobrecimiento de los supervivientes y sus hijos, muchos de los cuales son fruto de estas violaciones.
Grupos armados no estatales han usado la violencia sexual para dominar territorios y recursos, y para difundir ideologías extremistas. La disponibilidad de armas pequeñas y ligeras ha exacerbado esta violencia en muchos contextos.
Desplazamientos masivos e inseguridad alimentaria han incrementado el riesgo de violencia sexual, especialmente hacia mujeres y niñas, y han fomentado secuestros y trata de personas para esclavitud y explotación sexual durante los conflictos.
La falta de acceso a asistencia médica dentro de las primeras 72 horas tras una violación ha sido una trágica realidad para muchas víctimas, dejándolas sin acceso a necesarios servicios de salud sexual y reproductiva, salud mental, asistencia legal y apoyo para la subsistencia.
