La Fundación Narges, creada en homenaje a la premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohamadi, ha denunciado este miércoles que la Fiscalía de Teherán se niega a conceder a la activista de Derechos Humanos, actualmente encarcelada, una suspensión de condena de un mes para recibir la atención cardiológica especializada que precisa de forma “crítica”, en un contexto en el que su vida “corre peligro inminente” tras haber adelgazado casi 20 kilogramos y sufrir una tensión arterial “peligrosamente alta”.
La organización recuerda que “a pesar de la confirmación oficial de la Oficina del Médico Forense de Zanjan, que indica que Mohamadi necesita al menos un mes de baja médica, la Fiscalía de Teherán sigue bloqueando su liberación” después de que su defensa en Irán haya dedicado “varias semanas a abogar intensamente por esta baja”, según un comunicado en el que lamenta que “las autoridades se niegan persistentemente a concederla”.
Respecto a su situación clínica, la fundación explica que, tras un encuentro con la activista el martes, “su abogado describió su estado físico como crítico”. El texto alerta de que “durante los últimos tres días, su presión arterial ha fluctuado peligrosamente entre 150/100 y 170/110, sin responder a la medicación”, y suma a estas dolencias cardiovasculares “una pérdida de peso alarmante de más de 19 kg” y “un dolor torácico persistente y recurrente”.
Ante este deterioro, el hermano de la defensora de Derechos Humanos, Hamidreza Mohamadi, confiesa que se despierta “cada día con el temor de escuchar la noticia de su muerte”. Añade que “esto ya no es solo encarcelamiento; es una muerte lenta. Cada vez que Narges llama a nuestros familiares desde la prisión de Zanjan, está más débil, más delgada y más cerca del límite. Literalmente, están viendo cómo su vida se desvanece sin hacer nada”.
“Estamos furiosos. Al negarle la atención especializada que necesita y al impedirle el acceso a sus propios médicos, básicamente la están matando”, denuncia, al tiempo que afirma no tener confianza “en un médico de prisión cualquiera, designado por el Estado, que desconoce su complejo historial médico”. “Mi hermana lo ha sacrificado todo por su país, y ahora la están destruyendo sistemáticamente”, añade antes de exigir que “esto tiene que parar ya”.
De acuerdo con la fundación, el Fiscal Adjunto de Teherán comunicó a la familia que, teniendo en cuenta los avances médicos en la República Islámica, no ve necesario su traslado a un hospital de la capital y que el tratamiento debería llevarse a cabo en Zanjan.
No obstante, la organización precisa que este mismo martes, “debido al empeoramiento de su estado”, la activista fue remitida “por segunda vez a una consulta de urgencia con un cardiólogo”, quien “reiteró y enfatizó explícitamente que su tratamiento no es posible en Zanjan y que debe ser atendida obligatoriamente por su médico de cabecera en el Hospital Pars de Teherán”.
El especialista también advirtió de que “mantener a Narges Mohamadi en prisión bajo presión, estrés y en las difíciles condiciones de reclusión es extremadamente peligroso”, según la fundación, que subraya que “hasta que su equipo médico y los especialistas pertinentes evalúen conjuntamente su estado, no se le puede recetar ningún medicamento nuevo ni tomar ninguna otra medida médica”.
En este escenario, la Fundación Narges lanza “un llamamiento a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, a los organismos internacionales de Derechos Humanos, a las feministas, a los abogados, a los periodistas y a los defensores de los Derechos Humanos para que exijan el traslado inmediato de Narges Mohamadi a un hospital especializado donde pueda ser atendida por su propio equipo médico, que conoce su historial clínico, para recibir atención cardíaca urgente”.
El documento concluye reclamando: “Asimismo, exigimos su liberación inmediata e incondicional, así como la de todos los presos de conciencia detenidos en Irán en violación de los principios de dignidad y libertad de expresión y opinión”.
La activista, que ha pasado buena parte de los últimos 20 años encarcelada, ha padecido varios infartos y fue operada de urgencia en 2022. En diciembre de 2024 obtuvo una libertad provisional por motivos médicos autorizada por la Fiscalía de Teherán, tras meses en los que, según su familia, las autoridades le impedían acceder a tratamiento pese al claro empeoramiento de su salud.
En diciembre de 2025 fue detenida de nuevo durante un acto en recuerdo del abogado Josrou Alikordi, fallecido semanas antes en “extrañas circunstancias”. Posteriormente, el 8 de febrero de 2026, fue condenada a otros siete años y medio de prisión.