En Bruselas, la legislatura actual prometía ser el momento en el que el continente simplificase todas las trabas burocráticas que le estaban impidiendo recuperar el liderazgo económico y empresarial. Con este propósito, la Comisión Europea presentó la semana pasada su “manual de instrucciones” bajo la estrategia “Una Europa, un Mercado Único”, y con ese mismo ánimo ha presentado esta semana una nueva guía para que las leyes sean “más sencillas, claras y mejor aplicadas”.
De fondo, se trata de que las instituciones europeas modernicen tanto el diseño como la implementación y la ejecución final de todos los expedientes legislativos que salen de la Unión Europea. El reto no es menor: garantizar que las normas sean claras, ágiles y aptas para los objetivos para los que fueron ideadas. Todo ello, creen en la capital europea, ayudará a impulsar la competitividad y reforzará la seguridad jurídica en el marco de la estrategia para el mercado único que el ejecutivo presentó a los líderes del continente durante su cumbre informal en Chipre.
Modernizar el proceso legislativo europeo
Doce sectores prioritarios para los europeos, como la energía, los servicios digitales y el transporte, se beneficiarán de la modernización integral de la legislación comunitaria presentada por Bruselas en su nuevo esfuerzo por crear un marco normativo más sencillo que fomente la innovación. “La UE existe para ofrecer resultados a nuestros ciudadanos y empresas, no para generar trámites burocráticos innecesarios”, afirma el responsable económico del ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, que señala que el modelo normativo europeo “debe ser un medio para construir una economía social de mercado competitiva”.
La idea de partida es que las nuevas propuestas legislativas que presente la Comisión Europea eviten desde el principio de su tramitación la complejidad y la fragmentación. En este sentido, un expediente será considerado como “sencillo desde el diseño” en el momento en el que los afectados entiendan de forma fácil cuestiones como cuál es el objetivo, quién debe actuar y cuándo, cómo se logra el cumplimiento y qué ocurre si no se cumplen las obligaciones.
Más reglamentos, menos directivas
¿Cómo hacerlo? Dombrovskis dice tener la respuesta. Se va a aplicar “rigurosamente” la subsidiariedad y proporcionalidad, priorizando el uso de reglamentos exhaustivos sobre las directivas para limitar la fragmentación nacional. Como el exdirector de los servicios jurídicos de la Comisión, y actual director de su Representación en España, Daniel Calleja, afirmó en una entrevista con Demócrata: “Necesitaríamos más reglamentos y menos directivas, ya que las directivas requieren la transposición por parte del Estado miembro, que a veces va más allá de lo que dice la directiva y añade requisitos no previstos en ella”.
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También se van a activar cláusulas de extinción para que las leyes queden obsoletas automáticamente en una fecha determinada si ya no son necesarias, además de cláusulas de revisión periódicas. Para que la legislación sea más accesible, se van a mejorar los resúmenes que distribuye la Comisión, mientras se ponen en marcha herramientas digitales como Edit para la redacción legal electrónica.
A la hora de realizar las evaluaciones de impacto, se espera que se centren en los impactos económicos, sociales y ambientales más significativos a través de una “matriz de impactos clave inicial”. Esto irá acompañado de unos requisitos mínimos de evidencia incluso para propuestas urgentes, exigiendo un documento analítico en el caso de que no haya tiempo para una evaluación de impacto completa.
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Para evitar la “fatiga de la consulta”, la Comisión intentará consultar al público solo una vez por iniciativa, con el objetivo de optimizar los plazos en las tramitaciones y evitando parones por los periodos vacacionales.
Revisión de toda la normativa europea
Paralelamente, el Ejecutivo está preparando una revisión integral de toda la normativa europea existente a día de hoy para terminar con las incoherencias, solapamientos y aquellos artículos que se consideren obsoletos. En total, se han llegado a identificar doce áreas prioritarias que serán examinadas en los próximos dos años:
- Libre circulación de bienes y servicios (incluyendo una futura Ley Europea de Productos).
- Servicios financieros y banca.
- Unión Aduanera.
- Fiscalidad (incluyendo un "Ómnibus de tributación").
- Salud y seguridad alimentaria.
- Agricultura.
- Transporte.
- Energía.
- Clima.
- Medio ambiente.
- Digital.
- Vivienda y permisos.
En línea con lo planteado por Calleja, Bruselas se ha propuesto combatir la tendencia actual por parte de los Estados miembros a introducir cargas administrativas adicionales al transponer directivas comunitarias. Por eso, se proporcionará un conjunto de herramientas de mejores prácticas para ayudar a los Estados a identificar y evitar esta sobrerregulación, con la intención de utilizar el conocido como “semestre europeo” para señalar las barreras más perjudiciales.
Más control y sanciones más duras
Von der Leyen, tal y como planteó a los Veintisiete, ha pedido reforzar la ejecución de las normas del mercado único para que los Estados miembros jueguen la partida en igualdad de condiciones. Los servicios de la Comisión rastrearán once áreas clave como el etiquetado de productos, la economía circular, pagos atrasados o movilidad transfronteriza de empresas, donde investigará a todos los Estados para abrir procedimientos de infracción rápidos si es necesario.
Además, se agilizarán los dictámenes motivados en casos de falta de transposición y se reducirán las prórrogas de los plazos de respuesta a las capitales. La estrategia aquí de Bruselas pasa por lanzar un proyecto piloto de Inteligencia Artificial capaz de asistir en la comprobación del cumplimiento de la transposición de las normas nacionales.
Bruselas quiere ser más estricta en las sanciones financieras impuestas por incumplimientos. A partir de ahora será más rigurosa a la hora de calcular las multas propuestas al Tribunal de Justicia para asegurar que sean realmente disuasorias. “También abordaremos la excesiva complejidad de la legislación, agilizaremos su aplicación y depuraremos nuestro marco legal actual. Esta es una contribución fundamental para reforzar nuestra competitividad”, ha expresado Von der Leyen sobre este anuncio.
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España, bajo vigilancia por incumplimientos
Lo cierto es que el Gobierno español recibió en octubre el aviso de la Comisión Europea por el incumplimiento a la hora de aplicar la normativa comunitaria en la legislación nacional. Así lo revela el último paquete de decisiones sobre procedimientos de infracción del organismo. Mediante este documento se emprenden acciones jurídicas contra aquellos Estados que no cumplen con sus obligaciones. En concreto, España llega tarde en materias como la migración, la seguridad, la movilidad y la estabilidad financiera.
La actuación del Ejecutivo, que abarca distintos ámbitos de actuación europeos, trata de velar por «la correcta aplicación del Derecho de la Unión» en beneficio de ciudadanos y empresas. Cuando se detectan esos retrasos en la transposición de normativas, se envía a las capitales una «carta de emplazamiento» para que muestren sus observaciones y expliquen la situación.
En esta ocasión, se detectaron retrasos en la transposición de la directiva sobre intercambio de información entre Estados, en la normativa contra los abusos sexuales a menores y en la directiva sobre la firmeza de la liquidación. Además, se ha detectado el incumplimiento de la legislación aérea en materia de cobro por equipaje de mano.