QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un grupo de más de veinte especialistas de la ONU ha exigido este martes el cierre inmediatamente de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), apoyada por Israel y Estados Unidos. Esta organización ha estado en el centro de la controversia debido a que más de 1.560 individuos han perdido la vida por disparos del Ejército israelí en las proximidades de los lugares donde se reparte la ayuda de esta fundación, que comenzó a operar a finales de mayo.
La GHF, una ONG instaurada por Israel en febrero de 2025 con respaldo estadounidense para presuntamente distribuir asistencia en Gaza, es un caso sumamente preocupante de cómo la ayuda humanitaria puede ser utilizada para objetivos militares y geopolíticos ocultos, infringiendo gravemente el Derecho Internacional, según un comunicado conjunto.
El documento, suscrito por personalidades como la relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, y el relator especial sobre el derecho al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, resalta que la implicación de la Inteligencia israelí, contratistas estadounidenses y entidades no gubernamentales ambiguas enfatiza la necesidad urgente de una supervisión y acción internacional firme bajo el amparo de las Naciones Unidas.
Asimismo, critican la permisividad de la comunidad internacional ante un Estado acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, encargado de suministrar alimentos a la población afectada por el genocidio sin supervisión y con impunidad. Esta hipocresía manifiesta es alarmante, han declarado.
Además, señalan que las fuerzas israelíes y contratistas extranjeros realizan disparos indiscriminado contra quienes buscan asistencia en los centros operados por GHF desde su creación, reemplazando las funciones que antes desempeñaban agencias de la ONU. También indican que estos puntos son especialmente difíciles de acceder para personas vulnerables.
Califican como ‘humanitario’ el acto que refuerza el camuflaje humanitario de Israel y lo describen como un insulto a la labor y los estándares humanitarios. Bloquear o retrasar la ayuda no es solo inhumano, sino un crimen de guerra cuando su objetivo es matar de hambre a los civiles y en el contexto de un genocidio bien documentado y denunciado mundialmente.
Finalmente, los expertos recuerdan que Israel, como potencia ocupante, tiene responsabilidades legales hacia la población bajo su control. El Derecho Internacional Humanitario demanda que la población civil en territorios ocupados sea protegida y reciba servicios esenciales. Además, las operaciones de asistencia deben ser protegidas y facilitadas, respetando los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Han instado a los Estados miembros a imponer un embargo total de armas a Israel por sus múltiples infracciones del Derecho Internacional, suspender acuerdos comerciales y de inversión que perjudiquen a los palestinos y exigir responsabilidades a las entidades corporativas.
La ofensiva contra Gaza, iniciada como respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, ha provocado hasta ahora más de 61.000 palestinos muertos, incluyendo 188 por hambre y desnutrición, según datos proporcionados por el gobierno israelí.
