QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este lunes, Naciones Unidas ha exigido a los talibán que terminen con la opresión grave, creciente, generalizada y sistemática que padecen las mujeres y niñas en Afganistán, solicitando al país asiático el respeto a los derechos civiles y sociales mediante una resolución respaldada por la mayoría de los Estados.
La resolución de la Asamblea General ha advertido sobre la opresión grave, creciente, generalizada y sistemática que enfrentan las mujeres y niñas en Afganistán y ha urgido a los talibán a cambiar rápidamente las políticas que las marginan de la educación, el trabajo y la vida pública. Un total de 116 países han respaldado el texto, que ha contado con doce abstenciones y los votos en contra de Estados Unidos e Israel, de acuerdo con la información proporcionada por el servicio informativo de la ONU.
«Sólo se puede lograr una paz sostenible y duradera mediante la estabilidad social, económica y política a largo plazo, lo que requiere el pleno respeto de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, así como el compromiso con una gobernanza inclusiva y representativa», destaca el documento final.
Asimismo, Naciones Unidas ha instado al Gobierno afgano a adherirse al Derecho Internacional y sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD TALIBÁN, FOCO DE LAS CRÍTICAS
Además, la organización ha manifestado también su grave preocupación por la continua violencia y la presencia de grupos terroristas como Al Qaeda y Estado Islámico y ha exigido que Afganistán no sirva de refugio para actividades terroristas.
A pesar de los esfuerzos de Kabul para disminuir el cultivo de opio, la ONU ha solicitado la implementación de estrategias integrales para combatir los estupefacientes, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de armas.
De hecho, la actuación del régimen talibán en materia de seguridad ha sido también objeto de crítica de Naciones Unidas, que han expresado su alarma por los castigos extrajudiciales, como represalias y ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, incluyendo las dirigidas contra antiguos miembros del personal de seguridad.
CRISIS ECONÓMICA, DE REFUGIADOS Y CLIMÁTICA
La Asamblea General ha destacado también otras crisis que afectan al país, como la crisis de refugiados, la amenaza de desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la fragilidad económica, exacerbadas por sequías e inundaciones.
En este contexto y teniendo en cuenta las posibles consecuencias humanitarias adversas para las poblaciones más vulnerables, los países miembros han instado a todos los donantes y partes interesadas a reconsiderar cualquier decisión que pueda dar lugar a reducciones de la asistencia prevista por el Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria para Afganistán 2025, que solicita 2.400 millones de dólares (2.048 millones de euros) para asistir a casi 17 millones de personas y que hasta ahora solo cuenta con un 22 por ciento de financiación.
Según Naciones Unidas, la situación se agrava con las oleadas de retornos desde Pakistán e Irán al país gobernado por los talibán, incrementando la presión sobre los servicios, especialmente en provincias fronterizas que no están preparadas para absorber a los recién llegados, dejando a miles de familias en necesidad urgente de alimentos, refugio y servicios básicos.
Finalmente, la organización ha solicitado un reparto más equitativo de la carga y una mayor cooperación internacional para apoyar a los afganos desplazados y a las comunidades que los acogen, enfatizando la importancia de crear condiciones para el retorno seguro, digno y voluntario de los refugiados y desplazados internos, así como para su reintegración sostenible.
