Varios estados de la Unión Europea, liderados por Alemania y Bélgica, han hecho un llamamiento este sábado para que se agilicen los procesos de expulsión de afganos que no poseen autorización de residencia. Esto ocurre a pesar de las advertencias de la ONU sobre los serios riesgos que enfrentan estos individuos al regresar a un Afganistán controlado por los talibanes.
La iniciativa fue presentada por la ministra belga de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, quien ha entregado una carta al comisario europeo Magnus Brunner, solicitando a la Comisión que implemente “medidas concretas para facilitar el retorno voluntario y forzoso de los ciudadanos afganos que no tienen derecho legal de residencia en la UE, y en particular de aquellos que representan una amenaza para el orden público”.
Los países que respaldan esta petición incluyen a Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Austria, Polonia, Eslovaquia, Suecia, República Checa y los Países Bajos. Noruega, aunque no es miembro de la UE, pero sí parte del espacio Schengen y colaborador de la agencia de asilo de la UE, también ha firmado el documento.
“Desde el norte al sur, y de este a oeste, todos enfrentamos el mismo problema: la imposibilidad de deportar a afganos ilegales o delincuentes, incluso si han sido condenados”, declaró Van Bossuyt. “Es hora de avanzar juntos”, agregó en una declaración publicada en su sitio web oficial.
Van Bossuyt sugirió que se le otorgue a Frontex un mayor papel en la coordinación de los retornos voluntarios y en las iniciativas de reintegración, y pidió a la Comisión que considere la posibilidad de ejecutar deportaciones forzosas, especialmente para aquellos considerados una amenaza para el orden público o la seguridad.
Este requerimiento se produce tras una iniciativa liderada por Alemania, que actualmente está en negociaciones con el gobierno talibán, según confirmó el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, para facilitar estas deportaciones.
Es importante recordar que ningún país, excepto Rusia, ha reconocido oficialmente al gobierno talibán, que tomó el poder en agosto de 2021 mediante un golpe de estado, y ha sido acusado de violar los derechos humanos, en particular los de las mujeres y otras comunidades vulnerables. En julio, el gobierno alemán realizó un vuelo en el que deportó a 81 afganos, a pesar de las críticas de la agencia de la ONU para los refugiados, cuya portavoz, Ravina Shamdasani, advirtió a Berlín que Afganistán sigue siendo un país bajo una “advertencia de no retorno”.
A pesar de los peligros que enfrentan los deportados, la ministra belga subrayó que “la necesidad de actuar es urgente”, ya que “existen problemas de seguridad con algunos miembros de este grupo en nuestros centros de acogida federales.
“En 2024, los afganos ocuparon el segundo lugar con mayor probabilidad de haber cometido incidentes graves en nuestros centros de acogida, y es algo que ya no podemos tolerar”, concluyó. “Hemos enviado un mensaje claro y contundente a la Comisión Europea: no podemos permitirnos seguir con los brazos cruzados. Es hora de adoptar un enfoque decidido y conjunto para que Europa recupere el control sobre la migración y la seguridad”, remachó Van Bossuyt.