QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este miércoles, el Parlamento Europeo ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una solicitud para anular el programa de préstamos para Defensa, denominado SAFE y con una dotación de 150.000 millones de euros, argumentando que su aprobación excluyó a la Eurocámara, que insiste en que se debe reestablecer con una base jurídica apropiada.
El servicio de prensa de la Eurocámara confirmó a Europa Press que ha iniciado el proceso para que el TJUE invalide el fondo, siguiendo la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
La Eurocámara también ha pedido que se preserven los efectos del reglamento hasta que se apruebe un nuevo acto con la base jurídica correcta, asegurando que este litigio no interrumpa la activación del fondo y la distribución de préstamos para fortalecer los ejércitos de Europa.
El Parlamento Europeo se centra en el artículo 122, utilizado en el procedimiento de urgencia en este caso para que el Consejo, por propuesta de la Comisión, actúe en situaciones económicas graves. Este procedimiento limita las decisiones al suministro de ciertos productos, especialmente en el sector energético, o en la gestión de desastres.
Este método ha sido empleado anteriormente por la Comisión y el Consejo en respuesta a la crisis del coronavirus y a los problemas energéticos tras la invasión rusa de Ucrania, en acciones que han excluido al Parlamento Europeo.
Para la Eurocámara, el método utilizado para la adopción de SAFE fue inapropiado e innecesario, ya que debilita la legitimidad democrática al excluir al Parlamento Europeo, que es co-legislador de la UE junto al Consejo. Sin embargo, la acción legal ante el TJUE no afecta la implementación de los fondos, que ya han sido solicitados por 18 Estados miembros, incluida España, por un total de 127.000 millones de euros.
