Cuatro partidos políticos en Perú han incluido en sus programas para las elecciones presidenciales del 12 de abril la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad que investigue las muertes ocurridas durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, iniciadas en Ayacucho y posteriormente extendidas a las principales urbes del país.
Tal y como detalla el diario peruano “La República”, estas cuatro fuerzas que concurren a los comicios plantean mecanismos de reparación para las víctimas y medidas para esclarecer la represión de las movilizaciones, que se prolongaron desde finales de 2022 hasta marzo de 2023 y dejaron cerca de medio centenar de fallecidos.
En episodios como las protestas en Ayacucho, varios de los fallecidos presentaban heridas compatibles con el impacto de proyectiles empleados por las Fuerzas Armadas. La Fiscalía peruana ha presentado cargos contra militares por la muerte de diez personas en las manifestaciones iniciadas tras la detención y posterior encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo.
Propuestas de partidos de izquierda y derecha
Entre las formaciones de izquierda, “Venceremos” promete que en su primer día de gobierno pondrá en marcha la Comisión de la Verdad para “garantizará la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de las masacres del 2022 y 2023, entre otras violaciones a los Derechos Humanos”.
La coalición “Juntos por el Perú” plantea una Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional con un mandato más amplio que el de las protestas contra Boluarte, abarcando también el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. “Tendrá entre sus funciones evaluar la ampliación de las reparaciones económicas, simbólicas y comunitarias”, recoge su programa, que prevé la creación de un Fondo Nacional de Reparaciones Integrales y la desclasificación de archivos militares y policiales para “la determinación de responsabilidades y se prohibirá el indulto o beneficios penitenciarios para violadores de Derechos Humanos”.
Por su parte, “Ahora Nación” defiende iniciativas orientadas a garantizar justicia y sanciones para los responsables de las muertes registradas entre 2022 y 2023 en las protestas contra Boluarte. “Actualmente, hay una insuficiente garantía y protección efectiva de los Derechos Humanos en el Perú”, admite su programa.
Desde la derecha, Libertad Popular propone la creación de una comisión investigadora con presencia en distintas ciudades del país para esclarecer las muertes y las graves vulneraciones de derechos fundamentales ligadas a la represión de las manifestaciones. “El Estado peruano reconocerá su deber moral, político y jurídico de garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos”, señala su propuesta programática.
Pese a estas iniciativas, ninguna de estas fuerzas figura entre las favoritas en las encuestas, que reflejan un escenario electoral muy fragmentado y sin liderazgos consolidados, más allá de Rafael López Aliaga, político ultraconservador y exalcalde de Lima hasta octubre de 2025, que encabeza la intención de voto con un 12,25 %.