El hasta ahora presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, aupado al poder por primera vez en un golpe de Estado en 2009, hace frente a sus momentos más difíciles al frente del país africano, con su mandato amenazado tras una asonada por parte de una unidad de élite del Ejército y la resolución del Tribunal Constitucional sobre una vacancia en el cargo después de que huyera «a lugar seguro» tras denunciar un golpe de Estado militar al hilo de las protestas antigubernamentales de las últimas semanas en la isla.
Rajoelina, de 51 años, se encuentra en paradero desconocido desde el lunes, cuando anunció en un mensaje a la nación que había escapado a «lugar seguro» –entre informaciones sobre su evacuación por parte de un avión francés–, y ha luchado por mantenerse en el cargo a través de una serie de comunicados en los que rechaza las acciones de diputados, tribunales y militares, cuyas actividades desautoriza en un intento por permanecer en el poder.
Las manifestaciones que estallaron en septiembre, encabezadas por la generación Z para protestar por los cortes de los servicios de electricidad y agua y reclamar una batería de reformas para mejorar la situación económica y social, sufrieron un giro el sábado, cuando una unidad de élite llamada Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT) expresó su respaldo a los movilizados.
El político, un antiguo pinchadiscos que fundó con 19 años una compañía de producción de eventos llamada Show Business, entró posteriormente en empresas de medios tras comprar en 2007 la Radio Televisión Ravinala, renombradas como Viva Radio y Viva TV, desde donde dio el paso para entrar en política en las elecciones de ese año a la Alcaldía de la capital, Antananarivo.
Esta primera campaña al frente de su partido, Tanora Malagfasy Vonona (TGV, usado como acrónimo del tren de alta velocidad francés), le permitió convertirse en alcalde de la ciudad tras hacerse con el 63 por ciento de los votos, una muestra del apoyo con el que contaba, que le llevó a protagonizar enfrentamientos públicos con el entonces presidente, Marc Ravalomanana, su principal rival político desde entonces.
De hecho, su salto a la política nacional llegó dspués de que las autoridades cerraran Viva TV después de emitir en diciembre de 2009 una entrevista con el expresidente Didier Ratsiraka, lo que le llevó a convocar unas protestas contra Ravalomanana que derivaron en su cese del puesto de alcalde y posteriormente en un motín del CAPSAT que abrió la puerta a un golpe de Estado que derrocó al presidente y le elevó al cargo.
La dimisión de Ravalomanana llegó después de que el Ejército se hiciera con la sede del Banco Central y el Palacio Presidencial, con lo que Rajoelina fue puesto al frente de la Alta Autoridad de Transición, un hecho que provocó el aislamiento del país en la comunidad internacional, especialmente ante las tensiones para la formación de un gobierno de unidad, esfuerzos minados en parte por el propio mandatario interino.
Finalmente, en 2010 se celebró un referéndum constitucional –boicoteado por la oposición– como primer paso hasta la celebración de elecciones en 2013, que se saldaron con la victoria de Hery Rajaonarimampianina, quien le sucedió al frente del país a principios de 2014, abriendo un mandato que duró hasta 2018, cuando el propio Rajoelina se impuso en las urnas a Ravalomamana, logrando volver al poder, en esta ocasión con el apoyo de los votantes.
NUEVA CRISIS TRAS LAS ELECCIONES DE 2023
El mandatario logró posteriormente la reelección en unas controvertidas elecciones en 2023, en las que se hizo con cerca del 59 por ciento de los votos en medio de un boicot por parte de la mayoría de los opositores –incluidos Ravalomamana y Rajaonarimampianina–, que afirmaban que no podía presentarse debido a que recibió la ciudadanía francesa en 2014, un argumento rechazado por el Tribunal Constitucional.
La citada votación tuvo lugar además en medio de un repunte de la represión ante las protestas convocadas por el conocido como Colectivo de Diez –que aglutinaba a diez candidatos opositores– para exigir la retirada de su candidatura, en una muestra del creciente descontento con el mandatario, que pese a todo juró el cargo y prometió trabajar para hacer frente a la crisis socieconómica.
Asimismo, tuvo lugar después de un mandato marcado por la pandemia de coronavirus –durante la que impulsó un polémico remedio herbal y anunció planes para ensayos clínicos con una vacuna de coronavirus basada en la artemisa– y el ahondamiento de la crisis económica por el descenso de las exportaciones de vainilla, con unas «persistentes altas tasas de pobreza», según el Banco Mundial.
El país se había visto golpeado además en 2021 por la peor sequía en cuatro décadas, con más de un millón de personas en situación de hambre severa, especialmente en el sur, donde parte de la población se vio forzada a comer langostas, plantas reservadas habitualmente para alimentar al ganado o una mezcla de tamarindo y barro, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La falta de soluciones a la crisis derivó el 25 de septiembre en el estallido de unas protestas encabezadas por la generación Z que se ampliaron posteriormente en su espectro hasta derivar en llamamientos a que el presidente abandonara el poder, recrudecidos a causa de la represión policial, dejando más de 20 muertos entre los manifestantes.
El aumento de la presión sobre Rajoelina le llevó a anunciar a finales de septiembre la disolución del Gobierno y el cese a principios de octubre de su primer ministro, Christian Ntsay, en un intento de convencer a la población de su voluntad de reforma, pese a lo cual las movilizaciones continuaron, recibiendo finalmente el apoyo del CAPSAT, que, tras alzarle al poder en 2009, ha provocado su caída 16 años más tarde.
ASONADA Y HUIDA DEL PAÍS
De hecho, fue la decisión del CAPSAT de apoyar el sábado las protestas lo que provocó un vuelco en la situación que llevó a Rajoelina a denunciar una intentona golpista y a huir del país, sin especificar desde entonces dónde se encuentra.
El mandatario aseguró que había huido por temor a su seguridad y apeló a una reconciliación, tendiendo una rama de olivo que no recibió respuesta de militares y opositores, que impulsaron una moción de censura y presentaron una petición al Constitucional para que declarara la vacancia en el cargo con la intención de apartarle.
Rajoelina respondió a primera hora del martes ordenando la disolución de la Asamblea Popular, la Cámara Baja, para intentar evitar la moción de censura, si bien la votación salió adelante después de que los diputados no reconociera la validez de la misma, tras lo que el Constitucional confirmó la vacancia y dio el poder al líder del CAPSAT, Michael Randrianirina, medidas criticadas inmediatamente por la Presidencia malgache, que afirma que el mandatario sigue al frente del país.
Randrianirina, por su parte, declaró que el Ejército se ha hecho con el poder y suspendió la mayoría de las instituciones democráticas del país africano –incluidos el Senado y el propio Tribunal Constitucional–, tras lo que prometió celebrar elecciones en un plazo de «entre 18 meses y dos años», sin que por ahora haya jurado el cargo y entre dudas sobre su legitimidad.
El Ejército malgache ha contado con un importante papel desde la independencia de Francia en 1960, incluidos tres golpes de Estado: en 1972 contra el primer presidente del país, Philibert Tsiranana; en 1975, elevando al poder a Ratsiraka, quien lideró el país hasta 1993 y después entre 1997 y 2002 tras imponerse en las urnas; y el citado golpe que llevó al poder a Rajoelina en 2009, a la espera de que esta última asonada se concrete y consolide en el poder a Randrianirina.