QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El régimen talibán en Afganistán ha desestimado las órdenes de captura emitidas recientemente por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra su líder, el mulá Hebatulá Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo afgano, Abdul Hakim Haqqani, quienes están acusados de perpetrar crímenes de lesa humanidad contra las mujeres. Estas acciones han sido denunciadas por ellos como una clara manifestación de antagonismo y aversión hacia el islam y sus fieles.
«Calificar las leyes de la sharia islámica de opresivas o contrarias a la humanidad, y amenazar a quienes las aplican con detenerlos y procesarlos, es una clara expresión de enemistad y odio hacia la religión pura del islam y su sistema jurídico, y es un insulto a las creencias de todos los musulmanes», expresó el vocero del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.
En una declaración publicada en la plataforma social X, Mujahid defendió la administración establecida en Kabul desde la toma de control en agosto de 2021, destacando que han implementado una justicia basada en la ‘sharia’ sin precedentes y que las acusaciones del TPI, descritas como retórica infundada, no impactan la resolución y postura legítima del Emirato Islámico.
Mujahid también rechazó cualquier reconocimiento o cumplimiento hacia el TPI, argumentando que no aceptan la autoridad de ninguna entidad titulada «Tribunal Penal Internacional», y criticó a la corte por actuar de esta manera mientras continúa el genocidio en Gaza, Palestina, por parte del régimen sionista israelí y sus aliados internacionales.
«Levantar consignas sobre los Derechos Humanos, la justicia (…) es una cuestión de vergüenza y desgracia», añadió, subrayando que «cientos de mujeres y niños son asesinados diariamente sin razón» en Gaza.
El TPI, el martes, emitió órdenes de arresto contra las figuras clave talibanas porque «han atacado específicamente a niñas y mujeres por razones de género, privándolas de derechos y libertades fundamentales», según un comunicado de la sala preliminar del tribunal.
«Además, otras personas han sido atacadas porque ciertas expresiones de sexualidad o identidad de género se consideran incompatibles con la política talibán en materia de género», se añadió en el comunicado, señalando que estos crímenes se han perpetrado desde la toma de poder el 15 de agosto de 2021 hasta al menos el 20 de enero de 2025.
En Afganistán, las mujeres tienen prohibido expresarse vocalmente o escuchar música interpretada por mujeres, conforme al artículo 13 de la Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio promulgada en agosto de 2024. También se les restringe el uso de transporte público sin un acompañante masculino y la participación en actividades lúdicas o de entretenimiento, además de prohibirles la educación secundaria, el acceso a la universidad y los trabajos humanitarios, junto con la imposición de códigos de vestimenta específicos.
HRW APLAUDE LA DECISIÓN DEL TPI Y LE PIDE QUE AMPLÍE SU ALCANCE
La organización Human Rights Watch (HRW) ha instado a la comunidad internacional a apoyar plenamente al TPI, incluso a través de esfuerzos concertados para hacer cumplir las órdenes judiciales que deberían centrar la atención nuevamente en la opresión de mujeres, niñas y personas no conformes con su género por parte de los talibán.
Así lo indicó la directora de Justicia Internacional de HRW, Liz Evenson, en un comunicado en el que aplaudió la decisión del tribunal como una vía crucial para lograr cierto nivel de rendición de cuentas mientras la situación en el país sigue sin resolverse justamente.
«Los crímenes internacionales cometidos en Afganistán son enormes, pero se necesita un enfoque amplio de la rendición de cuentas para romper los ciclos de impunidad que han dado lugar a más abusos», demandó, instando además al tribunal a expandir la justicia a las víctimas de otros abusos cometidos por los talibán, así como a las víctimas de las fuerzas del Estado Islámico en la provincia de Jorasán, las antiguas fuerzas de seguridad afganas y el personal estadounidense.
Evenson destacó que para abordar los ciclos de violencia e impunidad en Afganistán es necesario proporcionar un acceso igualitario a la justicia a las víctimas de todos los abusos de Derechos Humanos.
Estados Unidos, que no es miembro del TPI, impuso en junio sanciones contra dos juezas de su división de apelaciones –la ugandesa Solomi Blungi Bossa y la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza– por haber autorizado la investigación del tribunal contra personal estadounidense en Afganistán, tras lo que el organismo apoyó a su personal y afirmó que continuaría su labor sin inmutarse, en estricta conformidad con el Estatuto de Roma.
Ya en el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su Administración se enfrentó al TPI por su investigación por presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el Ejército estadounidense en Afganistán.
