El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha solicitado a Angola que realice una investigación sobre la muerte de 22 personas durante las manifestaciones de esta semana, las cuales ocurrieron en respuesta al incremento en el precio del combustible en la provincia de Luanda.
«Todas las violaciones de Derechos Humanos deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas», expresó Thameen al Kheetan, portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, añadiendo que es crucial llevar a cabo dichas investigaciones de manera pronta, exhaustiva e independiente, incluyendo «las violaciones de Derechos Humanos asociadas».
«Instamos a las autoridades a que se abstengan de recurrir al uso innecesario o desproporcionado de la fuerza para mantener el orden público y a que garanticen el pleno disfrute de los derechos a la vida, la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación», señaló.
Los reportes oficiales indican además la detención de más de 1.000 individuos, dado que «algunos de los manifestantes recurrieron a la violencia y, según informes, varias personas aprovecharon los disturbios para cometer actos delictivos», como saqueos y vandalismo, en Luanda.
En este contexto, se ha mencionado que «toda persona que haya sido detenida arbitrariamente debe ser puesta en libertad de inmediato» y que «todos los manifestantes que salgan a la calle a expresar sus opiniones deben de hacerlo de forma pacífica».
El Ministerio del Interior informó que los disturbios en Luanda, durante la huelga convocada por el sector del taxi contra el aumento de los precios de la gasolina, dejaron un saldo de 22 muertos y 197 heridos, además de 1.214 arrestos por supuesta participación en saqueos y agresiones a las fuerzas de seguridad.