QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En una reciente decisión, un tribunal de Buenos Aires ha ordenado el decomiso de varios bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández, en relación con el caso Vialidad. Esta medida afecta directamente a un inmueble registrado a su nombre, además de varios activos que había transferido a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y también incluye propiedades de Lázaro Báez y su compañía.
El Tribunal Oral Federal número dos de Buenos Aires ha establecido que los bienes a decomisar ascienden a un valor de 684.990 millones de pesos argentinos, más de 422 millones de euros. Cristina Fernández había impugnado previamente esta decisión, señalando que la adquisición de la mayoría de estos bienes ocurrió mucho antes de que se iniciara la causa y de los hechos imputados. Esta objeción fue una respuesta al fiscal de la causa, Diego Luciani, quien había previsto el decomiso.
La confiscación también incluye propiedades de las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos, Loscalzo y Del Curto, adquiridas por los sentenciados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, tal como reportó Todo Noticias.
La decisión judicial, según los magistrados, sigue la línea histórica del sistema penal argentino, que busca prevenir que el delito genere beneficios y mitigar las consecuencias patrimoniales de actos ilícitos, con el fin de reparar el daño social producido.
En total, se confiscarán 20 propiedades, de las cuales todas menos una están a nombre de los hijos de la expresidenta. Por otro lado, Báez perderá más de 80 propiedades. Además, el tribunal ha establecido un nuevo régimen de visitas para la exmandataria, actualmente en arresto domiciliario cumpliendo una condena de seis años por adjudicación de obras públicas a socios durante su gobierno. Las nuevas normativas restringen las visitas a un máximo de tres o cuatro personas, no más de dos veces por semana, y exigen una lista de personas autorizadas para acceder a su domicilio, incluyendo familiares, custodia policial y abogados, sin necesidad de aprobación judicial para estos últimos.
