El Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha emitido un fallo adverso a la Policía por haber desalojado a un solicitante de asilo de un centro de acogida en Berlín sin contar con una orden judicial, con la intención de deportarlo.
En su sentencia, proveniente de Karlsruhe, el Tribunal ha resuelto favorablemente el recurso de amparo del solicitante, señalando que cualquier incursión en la habitación de alguien en un centro de acogida con objetivos de deportación requiere una orden judicial si no se ha confirmado previamente la presencia de la persona.
El recurso fue respaldado por la Sociedad por los Derechos Civiles (GFF) y Pro Asyl. Según la queja inicial en 2019, los policías rompieron la puerta del demandante en un centro transitorio para proceder con la deportación.
La ley permite a la Policía entrar en viviendas para deportar sin necesidad de una orden si se sospecha que la persona está presente. El debate se centró en si se había realizado un registro en este caso.
El fallo anula una decisión anterior del Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo, que no reconoció estas acciones como un registro. El Tribunal Constitucional ha aclarado que, al forzar la puerta, la policía no sabía si el demandante estaba dentro de la habitación, violando así su derecho a la inviolabilidad del domicilio. El caso ha sido remitido de vuelta al tribunal administrativo para una nueva sentencia.
Desde la GFF, Sarah Lincoln subrayó que las deportaciones no justifican acciones imprudentes y que las habitaciones de los refugiados, al ser su refugio principal, están especialmente protegidas. Wiebke Judith de Pro Asyl destacó la sentencia como un recordatorio crucial para que el gobierno respete los derechos humanos en su política de inmigración.











