El Tribunal Constitucional de Perú ha resuelto este lunes poner fin a la investigación que involucraba a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y exaspirante a la presidencia, por supuesta financiación irregular en las elecciones de 2011 y 2016, bajo el caso conocido como ‘Cócteles’.
Cinco magistrados del tribunal han determinado que las acusaciones y el proceso investigativo contra Fujimori no se sustentaban legalmente, afirmando que se habían infringido el principio de legalidad y el derecho a un proceso en un plazo razonable, según informa la emisora RPP.
La defensa, liderada por la abogada Giuliana Loza, argumentó con éxito que las acusaciones no constituyen un delito, ya que en el momento de los hechos la financiación ilegal no era considerada como tal, sino más bien como una infracción administrativa. Esta defensa resultó en la aceptación de la demanda de ‘habeas corpus’ que presentaron.
En julio, la Fiscalía había pedido 35 años de prisión y una multa de 730 días para Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori. Frente a esto, la política rechazó las acusaciones, sugiriendo que eran impulsadas por motivaciones políticas y criticó la imparcialidad del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato.
El caso ‘Cócteles’ se refiere a una serie de eventos organizados por Fuerza Popular para financiar las campañas presidenciales de Fujimori. Los eventos, que incluían cenas de aproximadamente 500 euros, habrían sido utilizados para encubrir ingresos irregulares de diversas fuentes, incluyendo la constructora Odebrecht y el grupo financiero Credicorp.