El sistema judicial de Perú ha resuelto este lunes que Delia Espinoza, quien había sido suspendida semanas atrás por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras un conflicto de sucesión con su antecesora, Patricia Benavides, sea restituida en su posición como fiscal general del país. Espinoza había sido apartada acusada de no devolver el puesto a Benavides, quien también fue retirada del cargo por la misma JNJ bajo acusaciones de corrupción.
El Noveno Juzgado Constitucional ha anulado la decisión que impedía a Espinoza ejercer su cargo y ha suspendido la medida de incorporar nuevamente a Benavides, permitiendo así que Espinoza reasuma su función, al menos hasta que se dicte una resolución final en el asunto.
El magistrado Juan Torres, encargado del caso, ha señalado la falta de legalidad en la decisión de la JNJ, criticando que fue firmada solamente por Gino Ríos, presidente del ente, sin contar con el consenso requerido por la ley peruana. En un documento que recoge ‘La República’, el juez ha indicado que el intento de reinstalar a Benavides carecía de una justificación adecuada.
Al enterarse del veredicto, Espinoza declaró su intención de «reordenar la casa» y expresó su descontento con las acciones de Tomás Gálvez, quien asumió el cargo de manera interina. En una intervención en RPP, mencionó que había solicitado a Gálvez, a través de un documento, que evitara realizar cambios significativos, argumentando que los equipos ya formados estaban logrando avances notables.
En septiembre, la JNJ inició un proceso contra Espinoza por considerar que había incurrido en faltas graves al no acatar la orden de restituir a Benavides. A su vez, Espinoza denunció en julio estar siendo víctima de un «proceso plagado de ilegalidades» y reveló que enfrentaba presiones del Congreso, incluyendo hasta cuatro demandas constitucionales que amenazaban con inhabilitarla por un periodo de hasta diez años.