El máximo juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ha dictado la conservación de todos los documentos y evidencias relacionadas con la intervención policial que resultó en la muerte de 121 individuos el pasado martes en Río de Janeiro, asegurando la integridad de la cadena de custodia.
La orden judicial apoya una solicitud de la Defensoría Pública de la Unión, que aboga por la protección de cualquier indicio de delitos y la imparcialidad técnica en la evaluación de pruebas en casos de crímenes contra la vida, según informó el diario ‘O Glovo’.
Se espera que Cláudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro y miembro del partido bolsonarista, sea citado este domingo para verificar que se cumpla con esta orden judicial.
Castro debe proporcionar detalles exhaustivos sobre la operación, incluyendo la justificación del nivel de fuerza usada, el número de efectivos involucrados, el armamento empleado y el recuento total de muertes, heridos y arrestos. Además, se ha solicitado acceso a las grabaciones de cámaras corporales y especial consideración hacia las víctimas.
Durante las manifestaciones que siguieron, organizaciones civiles han denunciado actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, describiendo el evento como una ‘masacre’. Se reportó que al menos uno de los cuerpos estaba decapitado y otros presentaban heridas de arma blanca o estaban maniatados.
En la operación, donde participaron 2.500 policías con el objetivo de desmantelar al grupo criminal Comando Vermelho, el gobierno estatal confirmó el viernes que 42 de los 99 sospechosos identificados contaban con órdenes de captura pendientes y al menos 78 tenían extensos antecedentes penales, aunque aún no se les había formulado acusaciones formales.















