QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido no imponer prisión provisional a Jair Bolsonaro, exmandatario del país, incluso tras haber cometido una «irregularidad aislada» en el cumplimiento de la prohibición de utilizar redes sociales, medida impuesta dentro de un conjunto de restricciones por su presunta implicación en un esquema para obstruir su proceso legal en Estados Unidos por un supuesto golpe de Estado.
Esta semana, el equipo legal de Bolsonaro argumentó que no fue él quien gestionó sus redes sociales, sino terceros actuando por su cuenta, lo cual fue aceptado por el juez Alexandre de Moraes, quien desestimó la posibilidad de encarcelamiento.
Sin embargo, Moraes advirtió que cualquier nueva violación resultaría en la conversión inmediata de las medidas cautelares –que incluyen el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de acercarse a embajadas y manejar redes sociales– en detención preventiva.
El juez también aclaró a la defensa que Bolsonaro puede conceder entrevistas y participar en eventos políticos, pero no puede replicar mensajes en los que se mencionen las mismas declaraciones y acciones que motivaron dichas restricciones. Se considerará una violación de las medidas si este tipo de contenido, «en clara coordinación» con Bolsonaro, se publica en cuentas de redes sociales de terceros para propagar desinformación.
«No se permitirá el uso de subterfugios para mantener la práctica de actividades delictivas, ni la instrumentalización de entrevistas o discursos públicos como ‘material prefabricado’ para posteriores publicaciones en redes sociales de terceros previamente coordinado», declaró el juez, según informa el portal G1.
Recientemente, la policía registró la residencia de Bolsonaro en Brasilia por su supuesta participación en la financiación de una estrategia en Estados Unidos para abogar por la aplicación de aranceles y sanciones contra funcionarios del país, incluidos los magistrados del Tribunal Supremo, a quienes Washington ha cancelado sus visados.
Los investigadores alegan que Bolsonaro ha empleado hasta dos millones de reales (aproximadamente 300.000 euros) para promover estas sanciones a través de su hijo Eduardo desde marzo, en un periodo donde el expresidente estadounidense Donald Trump ha mostrado un interés excepcional por la situación legal de Bolsonaro.
Por otro lado, hace unas semanas, la Fiscalía pidió en sus conclusiones finales del juicio por golpe de Estado que se declare a Bolsonaro culpable, lo que podría llevarlo a enfrentar hasta 40 años de cárcel y ser inhabilitado indefinidamente para ejercer cargos públicos.
Bolsonaro y otros siete individuos son parte del denominado núcleo central de la conspiración golpista que buscaba mantenerlo en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Se les acusa de asociación delictiva, intento de abolir de forma violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas donde se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.
