QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Supremo de Brasil ha expresado este miércoles su ‘solidaridad’ con el juez Alexandre de Moraes, encargado del caso contra el exmandatario Jair Bolsonaro, y ha reafirmado la validez de sus resoluciones tras las recientes sanciones de Estados Unidos, argumentando que el procesamiento de tales delitos es ‘competencia exclusiva’ de la justicia del país.
«El Tribunal manifiesta su solidaridad con el ministro Alexandre de Moraes», se puede leer en una comunicación en su sitio web, donde se sostiene que «todas las decisiones tomadas por el instructor del proceso han sido confirmadas por el órgano colegiado competente».
La corte ha declarado que «el juicio de delitos que implican un grave atentado contra la democracia brasileña es competencia exclusiva de la Justicia del país, en el ejercicio independiente de su función constitucional», en respuesta a las sanciones impuestas a De Moraes por la Administración de Donald Trump por supuestamente, entre otras acusaciones, llevar a cabo «procesamientos politizados, incluso contra Bolsonaro».
Se han detectado «indicios graves de la comisión de (…) delitos, incluido un plan que preveía el asesinato de autoridades públicas», mencionando a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al mismo De Moraes, durante el proceso penal relacionado con el golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
«El Tribunal Supremo no se desviará de su función de cumplir la Constitución y las leyes del país, que garantizan a todos los implicados el debido proceso legal y un juicio justo», enfatizó la corte.
Las sanciones contra De Moraes fueron anunciadas por la Administración Trump poco después de que se revocara el visado del juez y de sus familiares directos debido a la imposición de medidas cautelares contra Bolsonaro relacionadas con la financiación de una trama en Estados Unidos para probar su inocencia.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, ha criticado que el juez «se ha arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas» y lo ha acusado de «ser responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los Derechos Humanos y procesamientos politizados, incluso contra Bolsonaro».
