Alar Karis, presidente de Estonia, ha sometido a revisión del Tribunal Supremo la legislación sobre religiones y congregaciones, ante la sospecha de que algunas enmiendas recientes podrían violar la Constitución. Esta medida busca limitar el poder de la Iglesia Ortodoxa rusa en el país.
Karis ha expresado su preocupación de que ciertas cláusulas de la ley puedan contravenir la Constitución, lo que podría “crear más problemas en lugar de resolverlos” y hasta incrementar los riesgos de seguridad.
“Si el texto de la ley es confuso, ambiguo y se interpreta de forma irrazonablemente amplia, podría crear más problemas en lugar de resolverlos”, señaló Karis, mencionando que existen ya “medios legales” suficientes para manejar la influencia rusa, según informa ERR.
El presidente sostiene que la legislación vigente ya exige un seguimiento riguroso de las asociaciones religiosas y el Código Penal contempla la traición como delito, incluyendo las actividades de influencia informativa. Karis argumenta que el problema radica en el uso limitado o inadecuado de estos medios, no en su ausencia.
Karis también ha destacado que sería suficiente que las organizaciones extranjeras cortaran sus lazos administrativos y económicos con entidades foráneas, pero no los dogmáticos. Además, ha advertido sobre la posibilidad de que las restricciones de las nuevas enmiendas pudieran extenderse en el futuro a partidos políticos.
Esta es la segunda ocasión en que Karis se niega a ratificar la normativa, después de que su primer veto fuera revocado por el Parlamento, una medida que responde a la postura de la Iglesia Ortodoxa rusa frente a la invasión de Ucrania.
Estonia tiene una significativa minoría rusa, aproximadamente 400.000 personas de los 1,3 millones de habitantes del país, de los cuales unos 100.000 son fieles de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú.