La UE recalca la importancia de las agencias anticorrupción ucranianas para su integración

Este martes, la Unión Europea ha manifestado su ‘preocupación’ respecto a la reciente legislación en Ucrania que restringe las funciones de dos entidades clave en la lucha contra la corrupción, subrayando que estas agencias son ‘cruciales’ para la incorporación del país al bloque europeo y están ligadas a ciertos fondos europeos destinados a reformas.

‘La UE manifiesta su preocupación por la reciente actuación de Ucrania en relación con sus instituciones anticorrupción, como la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción’, declaró Guillaume Mercier, portavoz de Ampliación, en una conferencia de prensa en Bruselas.

Asimismo, Mercier enfatizó que el correcto funcionamiento de estas instituciones es ‘cruciales’ para el avance de Ucrania hacia la integración con la UE, destacando la necesidad de que operen ‘de manera independiente’ para combatir la corrupción y preservar la confianza pública.

‘La UE proporciona una importante ayuda financiera a Ucrania, condicionada a los avances, la transparencia, la reforma judicial y la gobernanza democrática’, insistió Mercier.

Mercier reiteró que la admisión de Kiev en la UE depende en gran medida de su capacidad para luchar contra la corrupción y demostrar solidez institucional, asegurando que la UE continuará monitoreando la situación y apoyando a Ucrania en estos desafíos.

La reciente normativa ucraniana reduce la independencia de los principales órganos anticorrupción –Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO)– en el contexto de un reciente escándalo por la filtración de documentos secretos a servicios de inteligencia rusos por parte del exdiputado Fedor Jristenko, ya acusado de alta traición.

Con esta ley, se otorgan facultades al fiscal general para acceder a todas las investigaciones de la NABU, emitir nuevas directrices, archivar casos y firmar personalmente acusaciones contra altos funcionarios, así como para retirar responsabilidades al jefe de la SAPO.