QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado recientemente la aplicación de sanciones a un integrante de la inteligencia de Corea del Norte, quien está acusado de apoyar a una red de profesionales de la informática que colaboran con un grupo de ‘hackers’ que ya había sido sancionado previamente por Washington. Esta medida incluye también sanciones a un individuo de origen ruso y a cuatro organizaciones, dos ubicadas en Rusia y dos en el país asiático.
El Departamento del Tesoro ha emitido sanciones contra Song Kum Hyok, «un actor cibernético malicioso asociado con el grupo de piratería Andariel» vinculado a Pyongyang, según declaraciones en un comunicado oficial. Acusan a Song de haber establecido «una red de trabajadores de tecnologías de la información (TI) en la que se reclutaba a (…) ciudadanos norcoreanos que trabajaban desde países como China y Rusia, y se les proporcionaban identidades y nacionalidades falsificadas para obtener empleo en empresas sin su consentimiento».
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, durante los años 2022 y 2023, Song utilizó «información de ciudadanos estadounidenses, incluyendo nombres, números de seguro social y direcciones, para crear alias para los trabajadores extranjeros contratados, (quienes) luego usaron las cuentas para hacerse pasar por ciudadanos estadounidenses que buscaban trabajo remoto en empresas estadounidenses».
Esto contribuye, según Washington, a que Corea del Norte «mantenga una plantilla de miles de profesionales de TI altamente cualificados a nivel mundial (…) que generan importantes ingresos que contribuyen a sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos».
Además, el Tesoro ha sancionado a Gayk Asatryan, ciudadano ruso, por enviar un total de 90 trabajadores norcoreanos a Rusia mediante contratos con dos empresas en Moscú y otras dos en Pyongyang, resultando en sanciones para estas cuatro entidades por parte de Washington.
El Departamento de Estado ha recordado que ofrece una recompensa de hasta diez millones de dólares (ocho millones y medio de euros) a cambio de información que permita «identificar o localizar a cualquier persona que, actuando bajo la dirección o el control de un gobierno extranjero, participe en actividades cibernéticas maliciosas contra infraestructura crítica estadounidense».
