QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El líder ucraniano, Volodimir Zelenski, ha declarado su intención de introducir ante la Rada Suprema un proyecto de ley destinado a «fortalecer el Estado de derecho» y asegurar la autonomía de las entidades encargadas de combatir la corrupción.
«No habrá influencias o interferencias rusas en las actividades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley», afirmó Zelenski en su alocución de la tarde, mencionando que este esfuerzo es parte de la «estrategia para la transformación del Estado».
Durante una oleada de manifestaciones que han surgido recientemente en el país, el presidente ucraniano ha revisado «todas las preocupaciones» de la población, tras la aprobación de una controvertida ley por parte del Parlamento.
En el mismo día, Zelenski se reunió con altos funcionarios y representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania, junto con líderes de las instituciones anticorrupción y fiscales, discutiendo futuras acciones. «Realmente valoro trabajar como un equipo e implementar medidas que puedan verdaderamente crear una sensación de rendición de cuentas y justicia en Ucrania. Hemos acordado que los jefes de estas instituciones propondrán conjuntamente un plan de acción un plan de medidas concretas que pueden fortalecer el estado de derecho en Ucrania», explicó.
Este anuncio se produce en un contexto de descontento expresado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sobre la nueva legislación ucraniana que limita la independencia de organismos claves como la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), en medio de un escándalo por la filtración de documentos secretos implicando a Fedor Jristenko, acusado de alta traición.
La nueva normativa otorga al fiscal general prerrogativas sobre las investigaciones de la NABU, permitiéndole emitir directrices, archivar casos y firmar acusaciones contra altos funcionarios, además de limitar las competencias del director de la SAPO.
Según la Fiscalía, Jristenko fue reclutado por el Servicio Federal de Seguridad ruso durante el mandato del expresidente Viktor Yanukovich y habría colaborado en la fuga de sospechosos de corrupción y en la entrega de información confidencial a Rusia.
