QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La cuarta ley ‘omnibus’ elaborada por el Gobierno de La Rioja, y que agrupa once modificaciones legislativas, seguirá su trámite parlamentario al haberse rechazado, en el pleno de hoy, la enmienda de devolución presentada por Izquierda Unida.
Tras el debate, tanto Partido Popular como Vox han rechazado la enmienda a la totalidad, de devolución, y el Partido Socialista se ha abstenido, por lo que sigue su trámite bajo el título Ley de Medidas Hacendísticas, Presupuestarias, Tributarias y Administrativas.
Desde Izquierda Unida, tal y como ha defendido el diputado Carlos Ollero, se pedía su devolución al considerar que lo «coherente» era devolver el texto y debatirlo «con tranquilidad».
Se trata, ha explicado, de una ley omnibus que supone «menos controles en el gasto público, más flexibilidad al Gobierno, más recursos en la educación privada y cumplir el dogma por encima de los recursos públicos».
Se aprueba, además, por el procedimiento de urgencia poniendo en marcha normas «de todo tipo y sin conexión» con temas como vivienda, urbanismo, educación o función públicas.
Ha reconocido que hay «algunas medidas positivas, especialmente la historia social única o la ampliación de la renta de ciudadanía a los menores tutelados».
Sin embargo, ha añadido, «prioriza el pago de la deuda a cubrir las necesidades de la ciudadanía y los servicios públicos» y, ha entendido, «no es un buen momento para eliminar controles al gasto público o para la ejecución de fondos públicos».
Frente a esto, la portavoz ‘popular’ Cristina Maiso la ha calificado como una herramienta que mejora la gestión pública, «basada en el objetivo de este gobierno de cumplir los compromisos de buen gobierno del programa electoral».
«Las leyes omnibus, o transversales, no están prohibidas si se exige una unidad de materia, la jurisprudencia las declara válidas siempre que se respete el trámite parlamentario», ha explicado.
Ha destacado, entre las cuestiones que trata, cómo busca fortalecer la protección a profesionales sanitarios; o permite el acceso inmediato a la Renta de Ciudadanía a las mujeres víctimas de violencia de género desde los dieciséis.
El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha rechazado el procedimiento de urgencia para su tramitación, dado que «no permite al resto de grupos ejercer la oposición».
«Aunque en algunas cosas estemos de acuerdo se han vuelto a equivocar con las formas al usar el rodillo», ha señalado.
La socialista Sara Orradre ha definido la ley como un «cajón de sastre». Sin embargo, y aun compartiendo «algunas cuestiones» de la enmienda de IU, la ha rechazado al entender que en el trámite algo se podrá modificar.
A su juicio, el gobierno está «abusando» de las leyes omnibus y, además, la trae de urgencia. «Aunque podía haber sido peor, podrían haberla traído de lectura única», ha dicho.
