Alberto Galiana, consejero de Educación, ha manifestado su esperanza de que en 2026 se logren avances en la resolución de las problemáticas que enfrentan los docentes singulares de Formación Profesional en La Rioja. La declaración surgió en respuesta a una interpelación del diputado de IU-Podemos, Carlos Ollero.
Ollero ha rememorado que “desde hace años unos 70 docentes técnicos y singulares de nuestra formación profesional llevan reivindicando una equiparación salarial con el resto de sus compañeros, pidiendo algo tan básico como el principio de, a igual trabajo, igual salario”. Ha señalado la existencia de una discriminación “discriminatoria que ya ha sido resuelta por varias comunidades autónomas”.
El diputado ha instado al Gobierno de La Rioja a aprovechar el debate sobre los presupuestos de 2026 para abordar esta “discriminación de numerosos profesores, profesoras técnicos y singulares de nuestra formación profesional”. Sumado a esto, ha criticado la “incorporación tardía de profesorado interino, falta de infraestructuras, prevención de riesgos laborales o recortes en el número de horas para nuestros docentes; cuestiones a las que “no están dando respuesta” y ha cuestionado si Galiana se refiere a la Formación Profesional pública o privada al considerarla la joya de la corona.
En su réplica, Galiana ha confirmado que “la Formación Profesional en La Rioja es una de las joyas de la corona del sistema educativo, algo que afirmamos por convicción, pero también con los hechos, porque “nunca, en la historia de La Rioja, ha habido tanta oferta formativa y nunca ha habido tantos alumnos de Formación Profesional”. Ha recordado que la situación de estos docentes “efectivamente es un tema que se remonta ya hace unos años, porque proviene de la anterior legislatura, derivado de una incompleta regulación e introducción de este colectivo de la Formación Profesional en la enseñanza secundaria en la Ley de 2022 de la Formación profesional en España y del Real Decreto que lo regula a nivel nacional”.
Además, ha mencionado que “se dispuso, a finales de la anterior legislatura, una resolución, concretamente la 38-2023 de cada año que abría ese procedimiento y sigue vivo”, y aseguró que su posición siempre ha sido de análisis abierto y riguroso, expresando su deseo de que “a lo largo de 2026 podamos avanzar en esa materia”.