Según lo establecido en el Reglamento del Congreso, un parlamentario puede ser privado de sus derechos y salarios si es puesto en prisión preventiva, una medida que podría afectar a José Luis Ábalos, exministro y actual diputado del Grupo Mixto, si el magistrado Leopoldo Puente decide su encarcelamiento después de su comparecencia ante el Tribunal Supremo este miércoles.
El artículo 21, apartado segundo, del Reglamento indica que “los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”.
Los letrados del Congreso interpretan que, dado que se trata de un proceso abreviado, “no existe como tal” un auto firme de procesamiento. Esta interpretación sugiere que si Ábalos es encarcelado provisionalmente tras su declaración, perdería automáticamente sus retribuciones y derechos a participar en las labores parlamentarias.
En caso de que esta suspensión se efectúe, podría generarse un debate menor sobre la alteración de las mayorías en el Congreso, aunque la ausencia de un solo diputado no suele tener un gran impacto en las votaciones. Sin embargo, es importante destacar que esta suspensión sería solo temporal y, al obtener la libertad, Ábalos recuperaría sus prerrogativas parlamentarias.
Es relevante mencionar que la suspensión no conlleva la pérdida del escaño, una acción más drástica que se reserva para sentencias o en casos de procesamiento por delitos graves, como ocurrió en los casos de Alberto Rodríguez y Oriol Junqueras.