Àgueda Micó, parlamentaria de Compromís vinculada al Grupo Mixto, ha solicitado explicaciones al Ministerio del Interior sobre las intervenciones policiales y arrestos ejecutados el miércoles durante las protestas frente al equipo de baloncesto israelí Hapoel Tel Aviv, que jugaba a puerta cerrada contra el Valencia Basket en el Roig Arena.
La diputada ha presentado una solicitud para que Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, comparezca ante el Pleno del Congreso y explique el ‘despliegue masivo’ de la fuerza pública en una concentración que se describió como ‘pacífica’, y las acciones ‘desproporcionadas’ que siguieron.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha criticado al gobierno por utilizar la policía ‘para reprimir’ en las manifestaciones pro-Palestina, respaldando a los detenidos con el mensaje: ‘Basta ya de criminalización’ en la red social ‘X’.
Micó también ha registrado preguntas parlamentarias dirigidas a Interior acerca de los arrestos, destacando que los ciudadanos se reunieron ‘pacíficamente’ cerca del Roig Arena para manifestar su repudio al genocidio perpetrado por Israel, convocados por el movimiento BDS de la Comunidad Valenciana.
La delegada ha criticado que la Delegación del Gobierno ordenara un operativo policial ‘desmesurado’, con más de 500 agentes, que resultó en cargas policiales, heridos y cinco detenciones.
‘Este dispositivo y la respuesta represiva de la Policía Nacional resultan totalmente injustificables en una protesta pacífica y solidaria. La actuación policial, avalada por la Delegación del Gobierno y, por tanto, por el propio Ministerio del Interior, reproduce una deriva peligrosa: la criminalización del movimiento de solidaridad con Palestina y la limitación de derechos fundamentales bajo pretextos de ‘seguridad», ha declarado Micó.
La actuación policial ha sido descrita por Micó como ‘incoherente’ con la postura gubernamental, que aunque públicamente apoya a Palestina y condena los ataques en Gaza, reprime manifestaciones en defensa de la misma causa.
Micó ha pedido a Grande-Marlaska transparencia, rendición de cuentas y una investigación sobre la actuación policial que considera atentatoria contra la libertad de expresión y el derecho de reunión, demandando además si se justifica tal despliegue policial y si se adoptarán medidas disciplinarias frente a la ‘actuación desproporcionada’.