QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la formación de una comisión interministerial, presidida por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, con el objetivo de avanzar y coordinar el plan de lucha contra la corrupción iniciado por Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, tras el surgimiento del caso que implica al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, comunicó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que este plan anticorrupción incorpora las sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comisión Europea.
La comisión interministerial, encabezada por Montero, «servirá para la coordinación política y técnica entre todos los ministerios» respecto a las estrategias contra la corrupción anunciadas por Sánchez en el Congreso, supervisando además «las actuaciones de los distintos departamentos, así como para impulsar la elaboración de propuestas».
La comisión incluirá a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; y Óscar López, encargado de Transformación Digital y de la Función Pública. También participarán dos ministros de los Ministerios de Sumar: Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo; y Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Además, se unirá el líder de la futura Agencia Independiente de Integridad Pública una vez esté establecida.
UNA AGENCIA PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN
Posteriormente, se ha especificado que el plan estatal contra la corrupción busca «establecer una hoja de ruta clara que permita seguir avanzando hacia una Administración más íntegra y transparente». Fue Pedro Sánchez quien expuso las principales iniciativas durante su intervención el pasado 9 de julio debido al ‘caso Cerdán’.
El plan se organiza en cinco ejes e incluye quince medidas. El primero se centra en la «prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción para reducir su incidencia», con la intención de crear una Agencia Independiente de Integridad Pública, que «tendrá facultades para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normativas clave y articular mecanismos de protección para informantes».
Este eje también busca «extender la metodología de prevención del fraude en la adjudicación» de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; fomentar la Ley de Administración Abierta y promover «un sistema de participación ciudadana en la prevención de la corrupción». Además, se planea realizar controles aleatorios del patrimonio de los altos cargos.
Se utilizará Big Data e inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público «para aumentar el control»; y se impulsará la aprobación de la conocida como ‘Ley de lobbies’. Se pretende también reforzar la vigilancia y aumentar la transparencia sobre la financiación y actividad de los partidos políticos. En este sentido, el plan propone la obligación de realizar auditorías externas e independientes para partidos y sus fundaciones «con financiación pública superior a 50.000 euros, así como la reducción del umbral de publicación de donaciones individualizadas de 25.000 euros a 2.500 euros», en «el plazo de publicación a un mes desde su recepción».
AMPLIACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES POR DELITOS DE CORRUPCIÓN
El Gobierno también ha destacado la «protección de los informantes de irregularidades o casos de corrupción», y ha anunciado que fortalecerá la Ley 2/2023 para «una mayor protección de los denunciantes e incluir mejoras en los canales de alerta, así como protección del anonimato, garantías legales y sanciones contra represalias».
El tercer eje del plan estatal de lucha contra la corrupción busca «investigar, juzgar y sancionar la corrupción ya detectada», incluyendo medidas como el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, «con más plazas y medios»; y del Poder Judicial, «a través de la creación de secciones especializadas en cada tribunal de instancia». Además, se otorgará carácter preferente a las causas que involucren a cargos públicos y se ampliarán los plazos de prescripción de los delitos.
Se establecerán mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras, modificando el Código Penal «con más penas y nuevos delitos» contra la Administración, además de elevarse las sanciones. Asimismo, este eje incluye crear una ‘blacklisting’, que contempla «la inhabilitación para contratar, recibir subvenciones y gozar de beneficios fiscales o sociales para aquellas empresas condenadas en firme por corrupción».
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
El cuarto eje del plan aprobado por el Consejo de Ministros ha detallado la «recuperación de los activos procedentes de actividades corruptas», mediante el refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Además, se creará la figura del ‘decomiso administrativo’ o ‘decomiso preventivo’, «que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa y no solo vinculada al ámbito penal», según Moncloa.
Finalmente, el Gobierno promoverá «una cultura anticorrupción, con programas de formación obligatoria y difusión de buenas prácticas en materia de integridad y prevención de la corrupción dirigidos al empleado público; campañas sociales para fortalecer la concienciación anticorrupción; y la realización de encuestas anuales sobre percepción de la corrupción».
