QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE y sus socios –Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG–, han aprovechado este jueves la Comisión de Reglamento del Congreso para ajustar a través de una enmienda transaccional la reforma para permitir sanciones a periodistas acreditados que obstaculicen la labor parlamentaria y de la prensa en la Cámara, tal y como pedían los letrados de la Cámara Baja.
Los servicios jurídicos del Congreso redactaron una nota de informaciones técnicas sobre la reforma en la que alertaban de que la creación de sanciones podía limitar «el derecho a la libertad de información», por lo que pedían valorar si concurrían «requisitos para su legitimidad».
En esa nota, a la que tuvo acceso Europa Press, avisaban también de que la falta de precisión en las sanciones podía generar «inseguridad jurídica» para los representantes de los medios de comunicación y proponían, entre otras cosas, incluir un régimen de prescripción para las sanciones.
SANCIONES MÁS PRECISAS
El grueso de las sugerencias de los servicios jurídicos se han incluido a través de la enmienda transaccional pactada en la Comisión de Reglamento, que ha dejado aprobado su dictamen sobre la reforma que se votará en el Pleno el próximo martes. El texto ha salido adelante con el aval del PSOE y sus socios y el voto en contra el PP y Vox.
En concreto, el PSOE y sus socios delimitan de manera explícita que los periodistas pueden ser sancionados si cometen infracciones en el «recinto parlamentario» y las «zonas o edificios adscritos al Congreso» y también ponen el foco en que tengan la autorización o credencial pertinente a la hora de desarrollar las labores como profesionales de la información.
Así, aquellos periodistas que no estén acreditados podrán ser sancionados de manera leve por acceder a al recinto parlamentario sin la pertinente credencial o de manera grave si graban imágenes o audios fuera de los espacios habilitados para ello.
También se tipifica como infracción grave no sólo la «interrupción» ruedas de prensa, como preveía el texto original, sino también su «obstrucción», así como desoír las directrices o instrucciones de la persona que coordine las ruedas de prensa u otros encuentros con las formaciones políticas.
LAS INFRACCIONES PRESCRIBIRÁN
También han utilizado la enmienda transaccional para incluir como infracción muy grave la publicación en medios o redes sociales de las imágenes o audios obtenidos mediante dispositivos ocultos o en las zonas reservadas a los grupos parlamentarios, como los despachos, y la de los que se obtengan sin autorización de la Cámara, contengan datos de carácter personal o vulneren la intimidad de las personas.
Además, la publicación en un medio de comunicación de grabaciones de imágenes o audios en contra de lo dispuesto en la reforma del Reglamento sin indicar su autoría implicará la suspensión de todas las credenciales vinculadas al medio que los difunda durante un tiempo entre tres meses y un día o tres años.
Entre estas modificaciones, se incluye una reducción de cinco a tres años del plazo máximo de suspensión de credencial por cometer una infracción muy grave y el régimen de prescripción que sugerían los servicios jurídicos.
«Las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes», y según especifica el texto, el plazo de prescripción de las mismas comenzará a contar desde el día en el que la infracción se hubiera cometido, a excepción de aquellas que sean durante un tiempo prolongado que empezaría a correr desde que finalizó la conducta infractora.
Durante el debate en la comisión, PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, han incidido en que este régimen sancionador supone «restringir el derecho a recibir o comunicar libremente información veraz», según el diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez Almeida, quien interpreta la reforma como un «atropello democrático y constitucional». También han protestado contra lo que consideran «sanciones arbitrarias», en opinión de Alberto Catalán, de UPN.
«LABORATORIO DE CANCELACIÓN Y CENSURA»
La más dura ha sido la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, la ‘popular’ Carmen Navarro, quien ha acusado al PSOE y sus socios de querer convertir el Congreso en un «laboratorio de cancelación, censura y persecución política» mediante «procesos inquisitoriales».
«Nadie niega incidentes ni tensiones crecientes entre parlamentarios y algunos periodistas, entre algunos periodistas entre sí, pero el Reglamento ya faculta a la presidenta para actuar al instante, ordenar desalojos, suspender acreditaciones, salvaguardar el respeto debido a esta Cámara, y no es la falta de instrumentos lo que justifica esta reforma, es la voluntad política de castigar al discrepante y amedrentar a la prensa incómoda», ha resumido.
Por contra, PSOE y Sumar han recordado que esta reforma se ha hecho a petición de la Asociación de Periodista Parlamentarios y han negado, como sus socios parlamentarios, que afecte negativamente al derecho a la información.
El socialista Joaquín Martínez Salmerón ha defendido que el texto es garantista y ofrece «seguridad jurídica», mientras que Enrique Sierra, de Sumar, ha destacado que quizá la negativa del PP y Vox a apoyar la reforma se deba a que a ellos no les afecta «la actuación de estos escuadristas».
La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha subrayado que los «agitadores de ultraderecha» que «perturban» la labor periodística no hacen «información», sino que se «dedican a provocar, acosar, boicotear y señalar» a los verdaderos profesionales de la prensa, además de a diputados.
También ha cargado contra ellos, la diputada de ERC Pilar Vallugera, quien ha dicho que su actuación ha llevado a tener que redactar un marco de convivencia «de clase de infantil» para recordarles que no puede entrar en los despachos de los diputados o acosarles. «Se está poniendo de moda ser un hijo de puta y no podemos aceptarlo de ninguna manera», ha resumido.
Josep María Cervera, de Junts, ha defendido una reforma que, a su juicio, sólo persigue instauran el respeto «a los principios de buena educación» y también Mikel Legarda, del PNV, ha dado su apoyo a esta modificación.
AMPLIACIÓN DEL VOTO TELEMÁTICO
Esta reforma ha servido también para ampliar los supuestos en los que sus señorías podrán solicitar el voto telemático. En concreto, además de por enfermedad, maternidad o paternidad podrán solicitarlo por tratamientos de reproducción asistida y para atender al cónyuge o pareja de hecho u otros familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o personas dependientes.
Este punto también ha suscitado debate, pues el PP ha acusado al PSOE de «desnaturalizar» la labor parlamentaria que exige «presencialidad», pues consideran «laxo» que baste una «declaración responsable» del diputado que solicite votar a distancia, aunque se faculte a la Mesa para requerir información adicional o documentación acreditativa para justificarlo.
Además, PP y Vox han aprovechado la comisión para protestar porque se haya impedido el debate de varias de sus enmiendas. La Mesa de la Cámara, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, inadmitió esas aportaciones alegando que eran ajenas al objeto de la reforma, una decisión «arbitraria» en opinión de PP y Vox, que ha presentado recursos que aún no se han estudiado.
