QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El debate sobre la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, promovida por el Partido Popular (PP), ha comenzado en el Senado este miércoles. La propuesta busca restringir el acceso a los beneficios penitenciarios para los condenados por terrorismo, exigiendo de manera explícita la colaboración con las autoridades y ajustando los criterios para la clasificación en primer y segundo grado a los ya aplicados para el tercer grado.
La reforma ha obtenido el respaldo de 146 votos de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, mientras que dos abstenciones provinieron de Agrupación Herreña Independiente y Coalición Canaria, y 111 votos en contra fueron emitidos por el PSOE y otros grupos de la cámara.
El PP busca modificar el apartado 6 del artículo 72 de la ley, y eliminar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que establece principios de flexibilidad para los reclusos. Además, se propone la introducción de un nuevo apartado, el 7, en el artículo 72, estipulando que cualquier medida debe contar con autorización judicial previa.
En su justificación, el PP critica la «estrategia política» del gobierno actual que, según ellos, busca el apoyo de Bildu y conlleva «otorgar beneficios penitenciarios a presos de ETA» y su traslado a prisiones más cercanas a sus domicilios. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo también señala que la actual normativa permite la progresión de grado bajo criterios demasiado «ambiguos» y sin requerimientos esenciales como el perdón a las víctimas o la colaboración con las autoridades.
Tras superar este primer trámite en el Senado, la proposición será debatida en el Congreso de los Diputados y, si es aprobada, volverá al Senado y, finalmente, al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.
