La comisión del Parlament encargada de indagar en las infiltraciones policiales en colectivos sociales y políticos, así como en el espionaje mediante el software Pegasus a activistas y dirigentes independentistas, ha decidido este martes solicitar cien comparecencias luego de ratificar los planes de trabajo con apoyo de Junts, ERC, Comuns y CUP, la abstención de PSC-Units y el rechazo de Vox.
En el contexto de las presuntas infiltraciones, se planea convocar a ministros y exministros de Interior y Defensa, antiguos delegados gubernamentales en Catalunya, líderes actuales y anteriores de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de integrantes de los Mossos d’Esquadra.
Asimismo, se prevé solicitar la participación en la comisión del fiscal y del exfiscal general del Estado, de supuestos policías encubiertos, de expertos y representantes de organizaciones internacionales que han experimentado infiltraciones; también de abogados y representantes de los grupos y personas afectadas, quienes podrán declarar por escrito.
Respecto al espionaje con Pegasus, se convocará a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, así como a miembros de Junts, ERC, Comuns y CUP que habrían sido objeto de espionaje.
También participarán abogados y especialistas en derechos humanos y seguridad tecnológica, junto con miembros del Comité Pegasus del Parlamento Europeo, formado en la legislatura anterior.
En la reunión de este martes ya han comparecido Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural; Antoni Maria Gavarró, secretario nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC); Cèlia Carbonell de Irídia, y Martí Majoral de Alerta Solidària.
ÒMNIUM
Antich ha indicado que muchos de estos casos han sido criticados por instituciones como la ONU, que su organización ha solicitado explicaciones, reparación y garantías de no repetición, y que el Estado español no ha hecho nada, a la vez que está convencido que este tipo de acciones persisten actualmente.
El Ministerio considera legítimo, adecuado y pertinente colocar a agentes encubiertos en estas organizaciones, ha criticado, y ha afeado lo que ha considerado un ataque a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de pensamiento, de asociación o de reunión pacífica.
ANC
Gavarró ha mantenido que las actuaciones supuestamente realizadas se efectuaron sin aval judicial y eran incompatibles con los valores fundacionales de la Unión Europea, y ha considerado las infiltraciones en movimientos independentistas mucho más graves que el espionaje con Pegasus.
Es mucho más grave aún, no solo por la intromisión total en la esfera privada del activista utilizado como canal informativo, sino que además abre la posibilidad de estimular y manipular al colectivo con acciones concretas que interesa presentar al poder como prueba para mantener las falsas acusaciones criminales de todo el movimiento, ha valorado.
ALERTA SOLIDÀRIA E IRÍDIA
Majoral ha afirmado que se han realizado actuaciones sin tutela judicial, que no se ha respetado el principio de proporcionalidad y que se ha intentado matar moscas a cañonazos ante un movimiento, el independentista, que ha considerado que no ha tenido actuaciones violentas que se puedan considerar terroristas, sino que ha habido tergiversación sobre sus movilizaciones.
Finalmente, Carbonell ha considerado las infiltraciones una vulneración grave de derechos fundamentales y un ataque a la democracia, y ha constatado la desprotección en la que se encuentran las personas y los movimientos afectados, sin vías ni garantías para denunciar y reparar el daño causado por la negativa del Estado de asumir responsabilidad alguna.















