QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ejecutivo de Aragón ha comunicado que continuará oponiéndose a las disposiciones que establecen un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados, una medida que no incluye a Cataluña ni al País Vasco y que, según ellos, responde únicamente a los intereses del presidente Pedro Sánchez y sus acuerdos con partidos independentistas. No obstante, han asegurado que acatarán la ley y perseverarán en sus esfuerzos por la acogida de estos niños, quienes deben ser la prioridad en las políticas relacionadas.
Desde la administración aragonesa se ha indicado que sus servicios jurídicos necesitarán analizar el real decreto y el reglamento que fueron aprobados por el Consejo de Ministros, una vez estos documentos sean publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El gobierno regional ha expresado su descontento con lo que consideran una falta de criterios técnicos o humanitarios en las nuevas normativas, calificando la situación de nuevo desatino jurídico y político. Han criticado tanto el tono coercitivo de las normas como las amenazas proferidas por Pedro Sánchez y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que han calificado de inaceptables en un sistema democrático.
Mientras tanto, reafirman su compromiso de seguir facilitando la acogida de estos menores, a pesar de hacerlo sin financiación ni coordinación adecuada. Lamentan que los intereses personales de Sánchez estén afectando la atención y bienestar de los menores, utilizándolos para avanzar agendas políticas.
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha denunciado que el reparto de menores se hace sin cumplir criterios claros y sin datos suficientes, respondiendo solo a los intereses del presidente y sus pactos políticos. Además, ha destacado el caos en el traslado de menores desde Canarias a la península, criticando la falta de dirección y coordinación en el proceso.
