El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha expresado su rechazo a las propuestas de financiación específica presentadas por Salvador Illa para Cataluña y Diana Morant para la Comunidad Valenciana, durante un evento en Gijón. Barbón reiteró su compromiso con la Declaración de Santiago, la cual promueve la negociación multilateral en lugar de acuerdos bilaterales, y que fue firmada junto a Galicia y otras seis comunidades.
«Yo soy leal a los acuerdos que firmo», declaró en su visita a la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial ‘Luis Adaro’.
Barbón aclaró su postura en respuesta a las aspiraciones de financiación particular por parte del PSOE valenciano, enfatizando que su posición ya fue definida en el acuerdo de 2020, respaldado por la Junta General, a excepción del voto de Vox, y reforzada en el Acuerdo de Santiago. «Yo soy leal a los acuerdos que firmo y la Declaración de Santiago es la posición que defenderá Asturias en materia de financiación autonómica», afirmó.
UNA DECLARACIÓN DE PRESIDENTES DEL PP Y DEL PSOE
Esta declaración de 35 puntos, firmada en noviembre de 2021, incluye a presidentes de comunidades de diferentes partidos políticos. Su premisa es que el nuevo sistema de financiación debe ser resultado de un consenso multilateral. Los firmantes buscan excluir los debates de espacios bilaterales, evitando repeticiones de lo sucedido con el modelo actual, mayormente pactado con Cataluña durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los líderes de estas ocho comunidades establecieron en Santiago de Compostela varias bases para la financiación autonómica, abarcando temas como sanidad, despoblación y educación, entre otros.
RECHAZA QUE SE PRIME LA POBLACIÓN
Barbón también se refirió a la situación específica de la Comunidad Valenciana, recordando que esta había establecido acuerdos previos con Andalucía, Murcia y Baleares, que proponían priorizar la población en la asignación de recursos. Sin embargo, el presidente asturiano enfatizó su desacuerdo con esta medida, señalando las diferencias en la prestación de servicios sanitarios entre una población envejecida y dispersa comparada con una joven y concentrada.