El debate sobre la reforma de la seguridad vial suma nuevas tensiones políticas en el Congreso, donde varios grupos han registrado enmiendas que podrían modificar aspectos clave de la normativa impulsada por el Gobierno. Desde el uso de las balizas de emergencia, hasta el modelo de multas por renta o la gestión de los exámenes de conducir, las propuestas evidencian diferencias de fondo entre los partidos.
Vox quiere frenar la obligatoriedad de la baliza V16
Vox ha registrado una enmienda a la ley del PSOE para que la baliza luminosa V16 deje de ser obligatoria y pase a ser una alternativa voluntaria a los triángulos de emergencia. La propuesta rompe con el plan de la Dirección General de Tráfico, que prevé sustituir definitivamente los triángulos a partir de 2026. Además, elimina la exigencia de conectividad y geolocalización de estos dispositivos.
El argumento del partido es que no existe consenso técnico suficiente para imponer su uso exclusivo y que debe ser el conductor quien decida qué sistema utilizar.
Sumar propone multas en función de la renta
Por su parte, Sumar ha reactivado el debate sobre la progresividad de las sanciones de tráfico. Su enmienda plantea que las multas se ajusten al nivel de ingresos del infractor, con incrementos de hasta el 500% para rentas superiores a 100.000 euros.
La formación defiende que el actual sistema no tiene el mismo efecto disuasorio para todos y pone como ejemplo modelos ya implantados en países europeos.
ERC insiste en el traspaso de competencias
En paralelo, Esquerra Republicana ha registrado una enmienda para que el Estado transfiera a Cataluña la gestión de los exámenes de conducir. La propuesta incluye un plazo máximo de doce meses para completar el traspaso, así como medidas urgentes para reducir las listas de espera.
Las enmiendas también abren la puerta a otros cambios, como nuevas normas de circulación en condiciones meteorológicas adversas o restricciones a adelantamientos de vehículos pesados. En conjunto, el paquete refleja un choque de modelos, desde quienes apuestan por reforzar la intervención pública, hasta quienes reclaman mayor flexibilidad normativa.