QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La edición matutina del Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves ha incluido las modificaciones al Reglamento del Congreso que eliminan el lenguaje sexista de las normativas internas de la Cámara Baja y establecen sanciones para los periodistas acreditados que ‘obstaculicen la labor parlamentaria o el trabajo de los medios de comunicación’.
Las reformas, registradas mediante reales decretos y firmadas por Francina Armengol, presidenta del Congreso, reflejan las decisiones tomadas en el pleno del 22 de julio, con oposición de PP, Vox y UPN. Estas fueron promovidas por el PSOE y aliados.
La primera modificación promueve el uso de un lenguaje inclusivo en las normativas de la Cámara, sustituyendo el genérico masculino y añadiendo referencias específicas a diputadas, presidentas y candidatas. Aunque se elimina la frase ‘de los diputados’, el nombre oficial del Congreso se mantiene como está establecido en la Constitución.
‘El lenguaje sexista es una fuente para perpetuar estereotipos y desigualdades de género, por lo que utilizar fórmulas inclusivas en el Reglamento del Congreso refuerza los principios constitucionales ya mencionados del artículo 14 de la Constitución’, se argumenta en la reforma, apuntando hacia una ‘sociedad más justa e igualitaria’ donde los órganos constitucionales ‘deben ser grandes ejemplos a seguir’.
SANCIONES A PSEUDOPERIODISTAS
La segunda modificación impone sanciones a los periodistas acreditados que interfieran con las operaciones parlamentarias y de prensa en la institución, después de que diversos grupos de periodistas solicitaran al Congreso adoptar ‘las medidas necesarias’, sin ‘limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía’.
Se exigirá a los periodistas acreditados cumplir con ‘las reglas de cortesía parlamentaria’ y las directrices de la Mesa, prohibiendo grabaciones sin la debida acreditación y permitiendo a los grupos designar coordinadores para sus encuentros informativos. Las sanciones incluyen la suspensión temporal o incluso la revocación definitiva de las credenciales.
Además, se establece un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, integrado por un miembro de cada grupo parlamentario y representantes de colectivos profesionales, que podrá proponer sanciones, aunque la decisión final la tomará la Mesa.
Esta actualización reglamentaria responde a incidentes recientes con periodistas de medios digitales y busca regular la renovación y el régimen sancionador de las credenciales, para proteger la operatividad de la institución y el trabajo de otros medios.
NUEVOS SUPUESTOS PARA EL VOTO A DISTANCIA
Se ha agregado un nuevo apartado que amplía los casos en que los diputados pueden solicitar el voto a distancia, incluyendo ‘algunas situaciones especialmente graves’ como el cuidado o fallecimiento de familiares cercanos, igualando los casos de embarazo y paternidad a las necesidades médicas de los tratamientos de reproducción asistida.
La solicitud para el voto telemático deberá incluir una justificación clara de los motivos, mediante una declaración responsable, aunque la Mesa podría solicitar documentación adicional si lo considera necesario.
