QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha reafirmado la importancia de la nueva ley de información clasificada ante las críticas de Hazte Oír en el Parlamento europeo, destacando que esta normativa asegura tanto la «seguridad» como el «acceso a la información de la ciudadanía».
La ley, que ha comenzado su proceso parlamentario recientemente tras ser aprobada por el Consejo de Ministros el 22 de julio, reemplaza la antigua normativa de secretos oficiales de 1968. Esta nueva disposición fija un plazo de 45 años para la desclasificación automática de documentos de alto secreto, lo que podría revelar detalles sobre eventos como el intento del golpe de Estado del 23-F, «salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa».
Por otro lado, la organización Hazte Oír ha expresado en un comunicado su desacuerdo con la ley, alegando que la «pretendida reforma exprés y opaca» tiene como objetivo «ocultar información clave» relacionada con el «uso de recursos públicos y posibles delitos institucionales». Además, han criticado que este es «un nuevo plan de Sánchez contra la libertad de prensa, la libertad de información y buscando impunidad», debilitando la transparencia y obstruyendo la labor judicial y periodística.
En respuesta, Bolaños ha contestado a través de la red social ‘X’ que es «todo normal» que «una organización ultraderechista» defienda una ley franquista de 1968, y ha ridiculizado los argumentos presentados como «para echarse a reír». Finalmente, ha enfatizado que la legislación es «una ley de información clasificada en línea con Europa, que garantiza la seguridad nacional y el acceso a la información de la ciudadanía».
EL 23-F «ENTRARÍA» EN LA LEY
Bolaños también ha mencionado que la ley entraría en vigor «justo un año después» de su publicación oficial, posiblemente en el último trimestre de 2026 si el proceso parlamentario avanza rápidamente. Esto incluiría información del año 1981 y anteriores, como los eventos del 23-F, aunque con la condición de que no comprometa la seguridad nacional o la defensa.
