Castilla y León critica al Gobierno por imposición en la distribución de menores migrantes y demanda políticas estatales equitativas

Isabel Blanco Llamas, vicepresidenta y consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, ha expresado su descontento con el Gobierno central debido a la ‘falta de información y diálogo’ en lo que respecta a la asignación de menores migrantes no acompañados. Ha subrayado que aún ‘no hay ninguna novedad’ sobre la cantidad de menores que se espera recibir ni las condiciones de su llegada, aunque la cifra inicial es de 197 menores.

Blanco ha enfatizado que ‘Castilla y León es una tierra solidaria y de acogida, pero nunca puede serlo desde la imposición’. Ha criticado la manera de proceder del Gobierno central, destacando que actúa ‘sin diálogo, sin acuerdo ni consenso, rompiendo la solidaridad y la igualdad entre todas las comunidades’. Agregó que la derivación de menores podría iniciar cerca del 28 de agosto, pero hasta ahora, ‘no se han puesto en contacto con la Junta ni disponemos de detalles concretos sobre los menores asignados ni sobre el procedimiento que se seguirá’.

Además, recordó que la Junta ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley sobre el reparto y planea hacer lo mismo con el Reglamento una vez sea aprobado. Blanco también ha señalado la ‘arbitrariedad’ en las cifras de reparto del Ejecutivo -’31 para Cataluña, ninguno para el País Vasco y 197 para Castilla y León, sin aclarar los criterios’- y ha denunciado que el Gobierno maneja la llegada de menores inmigrantes ‘cuando mediáticamente le interesa’ y como ‘cesión al chantaje de sus socios separatistas’.

Ha reafirmado que las políticas migratorias deben ser ‘de Estado, basadas en la coordinación, con control de fronteras y medidas en origen’, y ha recalcado que ‘la protección de los menores es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que ya tienen los sistemas al límite’. Finalmente, ha exigido que el Gobierno central asuma su responsabilidad con los menores que permanecen en Canarias pendientes de tutela y recordó que ‘las competencias en inmigración corresponden al Gobierno de España y tiene pendiente hacerse cargo de unos 1.200 menores solicitantes de asilo en el archipiélago, tal y como ordenó el Tribunal Supremo hace meses’.