QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado el jueves como ‘indecente, absurdo e insolidario’ la falta de cooperación de las comunidades autónomas en la distribución de menores migrantes no acompañados, advirtiendo además que sería ‘ilegal’ y que podría acarrear consecuencias legales.
Durante una rueda de prensa sobre el convenio establecido con el Gobierno central respecto a los casi 1.200 menores solicitantes de asilo, Clavijo ha propuesto que si el agente de la Policía Nacional encargado del traslado del menor no recibe colaboración por parte de la comunidad autónoma, se deberá informar a la Fiscalía, siendo entonces ‘el Poder Judicial o la propia Fiscalía de Menores’ quienes reclamen la custodia.
Clavijo ha expresado su descontento ante la ‘bravuconada política’ de ciertas comunidades que rechazan acoger a estos menores, y espera que en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia se evite el ‘espectáculo’ y se asuma la necesaria cooperación con el archipiélago.
Asimismo, ha mencionado la expectativa de aprobación de dos nuevos decretos que facilitarían la ejecución del decreto actual y la distribución de documentos, permitiendo a los funcionarios realizar los traslados de manera legal.
En relación al acuerdo sobre los menores solicitantes de asilo, Clavijo ha destacado que es ‘claro’ y responde a las demandas del Tribunal Supremo, incluyendo el registro inmediato de más de 800 menores en la red de protección internacional y la formación de un comité interadministrativo que evaluará cada caso para reducir el ‘hacinamiento’.
‘Queda ponernos a trabajar’, declaró, mostrándose optimista al empezar a ‘ver la luz al final del túnel’. El pacto establece que, de los 1.294 menores conocidos por Canarias como solicitantes de asilo, solo 827 están confirmados por el Ministerio del Interior. A partir del próximo martes, se comenzará a integrar a 250 de ellos en el sistema, mientras se verifica la situación de los 367 niños y niñas identificados por Canarias como solicitantes de protección internacional.
Inicialmente, el Estado garantizará la acogida temporal de estos 827 menores en Gran Canaria, hasta que se realice una evaluación detallada y se determine su ubicación definitiva en el lugar más apropiado, siempre en interés del menor y preferentemente fuera de Canarias y solo de manera excepcional dentro del archipiélago.
