QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La administración valenciana ha decidido presentar una acción legal ante el Tribunal Supremo (TS) con el fin de obtener una suspensión cautelar del Real Decreto promulgado por el gobierno de Pedro Sánchez, que regula la distribución de menores migrantes no acompañados. La intención de este procedimiento es «evitar un traslado inadecuado y masivo».
La portavoz del Consell y vicepresidenta primera, Susana Camarero, comunicó esta medida en una conferencia de prensa tras la sesión plenaria del gobierno regional. Camarero detalló que el Consell ha habilitado a la Abogacía General de la Generalitat para iniciar un recurso contencioso-administrativo en contra del decreto que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y cuidado de menores extranjeros no acompañados de las comunidades y ciudades autónomas.
Además, la vicepresidenta indicó que impugnarán «todas y cada una» de las disposiciones aprobadas por el gobierno central respecto a este tema. En este contexto, mencionó un recurso ante el Tribunal Constitucional al considerar la normativa inconstitucional, seguido de otro ante el Supremo.
Camarero enfatizó que de aplicarse el decreto, «supondría una infracción del ordenamiento constitucional de distribución de competencias, una injerencia en las competencias propias de la Generalitat en materia de asistencia social y de personas menores, y además, una infracción del principio de autonomía financiera, porque el Gobierno pretende una distribución de menores de edad migrantes no acompañados sin una planificación previa y sin destinar los recursos suficientes necesarios».
La vicepresidenta también resaltó que el decreto no ha considerado los datos proporcionados por las comunidades autónomas sobre la capacidad del sistema de protección de menores y que no se ha sometido a la aprobación de la conferencia sectorial, «incumpliendo el primer extremo de la norma».
«La Comunitat es una comunidad solidaria pero también es una comunidad responsable respecto a la atención y a la protección de los menores migrantes no acompañados. Tenemos un sistema de protección que reúne los más altos estándares de calidad y no queremos que esta decisión arbitraria, injusta e inconstitucional, desde nuestro punto de vista, rompa ese sistema», añadió Camarero.
Finalmente, Camarero mencionó que, en respuesta a la solicitud de información sobre la capacidad de acogida de menores enviada a los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, se ha iniciado un diálogo, aunque no se imponen condiciones. La vicepresidenta expresó su sorpresa ante la falta de cooperación de algunos ayuntamientos socialistas y destacó que solo un municipio gobernado por el PSPV ofreció recursos para la acogida.
