QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso ha aceptado este martes tramitar la reforma del Reglamento del Congreso impulsada por el PP para evitar que se pueda bloquear la tramitación de leyes mediante la continúa ampliación del plazo para la presentación de enmiendas o la no convocatoria de la ponencia encargada de analizar esas enmiendas.
Los ‘populares’ vienen denunciando esta práctica por parte de la Mesa del Congreso, donde la mayoría del PSOE y Sumar mantiene paralizadas múltiples iniciativas legislativas provenientes del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero también textos de sus socios parlamentarios o proyectos de ley derivados de decretos leyes de su propio Gobierno, que el Pleno decidió tramitar para que los grupos pudieran introducir cambios.
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Vox, Unión del Pueblo Navarro y el BNG, mientras que Sumar, ERC, PNV y Bildu han votado en contra y Junts, Podemos y Coalición Canaria se han abstenido.
Una vez aceptada a trámite, está por ver si la tramitación de esta reforma continúa o se topa precisamente con una ampliación ‘sine die’ de los plazos de enmiendas. Eso es lo que está pasando con otra propuesta de reforma reglamentaria del PP, en ese caso para regular la celebración del Debate sobre el estado de la nación, que se tomó en consideración en noviembre del año pasado y aún no se ha cerrado el plazo de enmiendas.
Además, la reforma con la que se busca reescribir todo el Reglamento en lenguaje inclusivo de género, impulsada por el PSOE y Sumar, ha cumplido ya un año varada, pues se presentaron las enmiendas parciales en marzo de 2024 y aún no se ha convocado la ponencia para discutirlas.
Para evitar este tipo de situaciones, el primer partido de la oposición establece un plazo máximo de dos meses y medio para poner fin al plazo de enmiendas de los proyectos de ley del Gobierno, las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios o que provienen de los parlamentos autonómicos y las iniciativas legislativas populares impulsadas desde la sociedad civil.
UN MÁXIMO DE DOS MESES Y MEDIO
Con carácter general, el texto del PP, recogido por Europa Press, contempla un primer plazo de quince días, con una posible prórroga de otros quince si lo piden dos grupos o una quinta parte de los miembros de la Cámara (50 diputados). Transcurrido ese primer mes, sólo podrá haber otras dos prórrogas, de 15 días cada una, si lo solicitan grupos que representen a la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) y, para llegar a los dos meses y medio, deberán solicitarlo tres quintas partes (210 diputados).
En el caso de las proposiciones de ley que envía el Senado, el tope máximo para la presentación de enmiendas se rebaja a dos meses, puesto que en este caso los textos no tienen que someterse a un debate de toma en consideración en el Congreso, sino que su tramitación es automática.
Si se trata de un proyecto de ley derivado de un decreto ley del Gobierno, que siempre debe tramitarse por el procedimiento de urgencia, las enmiendas se tendrían que presentar como máximo en un mes. En concreto, habrá un primer plazo de quince días que sólo podrá ampliarse por otros tantos si lo pide la mayoría absoluta de la Cámara.
Además, el PP quiere incluir en el Reglamento la previsión de que las ponencias –órganos que hacen un primer análisis de las enmiendas a puerta cerrada– se tengan que convocar obligatoriamente 15 días después del registro de las mismas.
Actualmente las ponencias cuentan con dos semanas para emitir los informes que elevarán a la comisión correspondiente para que las leyes continúen allí su tramitación. Ahora la mesa de la comisión puede prorrogar el plazo para la emisión del informe de la ponencia «cuando la trascendencia o complejidad del proyecto de ley lo requiera», pero el Reglamento no establece de cuánto tiempo debe ser esa prórroga y el PP quiere fijarlo en 15 días.
