QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, a pesar de la oposición de PSOE y Sumar, a una proposición de ley del Partido Popular que busca modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El objetivo es evitar que el fiscal general tenga la potestad de designar al encargado de la protección de datos personales de la entidad. Esta modificación ha contado con el respaldo de PP, Vox y UPN, y la abstención de Junts y Coalición Canaria en la votación inicial.
La proposición, defendida por Cuca Gamarra del PP, plantea que el jefe de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos sea seleccionado entre juristas de reconocida trayectoria, con al menos 15 años de experiencia y conocimientos específicos en protección de datos, mediante una elección independiente por mayoría absoluta del Consejo Fiscal. Este cargo tendría un período de cinco años sin posibilidad de renovación, y solo podría ser destituido por incapacidad o falta grave, determinadas por el Pleno del Consejo Fiscal.
Investigación y juicio en curso afectan al fiscal general del Estado
La discusión en el Congreso coincide con la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien enfrentará un juicio en noviembre acusado de revelación de secretos por supuestamente filtrar información sobre un caso de fraude fiscal. Durante la investigación, se declaró que García Ortiz borraba regularmente la información de su móvil siguiendo un protocolo de protección de datos, lo que ha sido confirmado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Agustín Hidalgo, actual responsable de protección de datos en la Fiscalía y elegido durante el mandato de Dolores Delgado, podría ser reemplazado próximamente bajo la normativa vigente sin necesidad de aprobación del Consejo Fiscal, una situación que la reforma propuesta por el PP intenta modificar para reforzar la independencia y la transparencia en estas designaciones.
