QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, la Comisión de Defensa del Congreso examinará y votará una propuesta de Sumar que solicita al Gobierno la divulgación de un esquema temporal para reemplazar los programas militares que fueron suspendidos debido al embargo impuesto al comercio de armamento con Israel, en respuesta a los ataques en la Franja de Gaza.
La aprobación del embargo por el Congreso se realizó a principios de octubre, tras ser ratificada por el Gobierno como estrategia de presión hacia Tel Aviv durante la ofensiva en el territorio palestino, calificada por el Gobierno de “genocidio”. El presidente Pedro Sánchez subrayó que este veto al comercio militar con Israel ya se estaba aplicando desde el 7 de octubre de 2023.
Antes de estas acciones, el Ministerio de Defensa había anunciado un “plan de desconexión” con la industria militar israelí, buscando reemplazar los productos israelíes sin afectar las capacidades de las Fuerzas Armadas, aunque existían incertidumbres sobre algunos materiales de Inteligencia y tecnología, para los que se admitió una “dependencia”. No obstante, la ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró terminada la relación industrial con Israel en defensa ya en septiembre.
MISILES ANTICARRO, LANZACOHETES Y SISTEMAS DE COMBATE AÉREO
Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso centrada en la cancelación de contratos para el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro Spike LR2, por un valor de 237 millones de euros, adjudicados a PAP Tecnos Innovación SAU; un contrato para el sistema lanzacohetes SILAM, por 576 millones, con la colaboración de la israelí Elbit Systems; y un acuerdo por sistemas de combate aéreo por 207 millones, otorgado a Rafael.
El grupo parlamentario Sumar insta al Gobierno a publicar un cronograma para la sustitución de todos los programas de seguridad y defensa que involucren bienes, tecnologías o patentes israelíes lo antes posible. Adicionalmente, solicita que al menos el 80% de los fondos presupuestados para programas de defensa se ejecuten en España y el 90% en la Unión Europea. En abril, se aprobó el plan industrial de defensa, con una dotación de 10.471 millones de euros, para alcanzar el 2% del PIB en este sector.
